Es la principal "estructura de estado" diseñada por la Generalitat soberanista
El Gobierno español ha tardado en reaccionar al reto independentista de Artur Mas y ahora acumula acciones a la desesperada para intentar frenar a los soberanistas catalanes. Primero al ministro de Defensa, Pedro Morenés, se le escapó una referencia al papel de las fuerzas armadas y sólo dos días después el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, hizo una propuesta "a título personal" de cesión del IRPF a Cataluña. Ayer el Ejecutivo de Mariano Rajoy lanzó un torpedo judicial a la principal estructura de Estado de los independentistas: la Agencia Tributaria catalana.
El Tribunal Constitucional suspendió la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña por un plazo de cinco meses tras admitir a trámite un recurso presentado por el Gobierno. En concreto, el Constitucional paraliza cautelarmente esta ley al entender que la modificación legislativa vulnera el derecho de los ciudadanos de toda España a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
El pasado 31 de julio, el Gobierno recurrió el artículo 4 de la ley catalana. Este artículo añade a la ley de la hacienda catalana dos disposiciones relativas a la integración voluntaria de los funcionarios en dos cuerpos de la Generalitat: el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios y el de Técnicos de Gestión Tributaria.
Según el recurso del Ejecutivo, el problema radica en el primer grupo y, concretamente, en el hecho de "requerir el destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña", pues de esta forma "se excluye el derecho de acceder en condiciones de igualdad al resto de interesados del resto de España". El Gobierno considera que esta ley vulnera el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución, "por el que los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".
En respuesta a este recurso, ayer la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, lamentó la "constante asfixia y recentralización" del Estado español y anunció que elGgobierno catalán recurrirá la suspensión del Constitucional. En su opinión, la medida decretada por el tribunal no afectará al desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña, aunque "pone obstáculos y dificultades, al calendario planteado, pero el proceso sigue adelante", sentenció.
También la ley del 'Adsl'
De igual modo, el Constitucional (TC) también suspendió cautelarmente el capítulo I de la Ley del Parlament que regula el impuesto sobre la provisión de contenidos a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital en Cataluña, el llamado impuesto del Adsl. Este impuesto cobra 0,25 euros por línea y la Generalitat preveía recaudar unos 20 millones de euros.
El tribunal ha admitido a trámite un recurso del Gobierno que considera que "la regulación del impuesto citado incurre en extra limitación competencial", es decir, la ley catalana invade las competencias estatales.
