Un grupo de extrabajadores de las antiguas cajas de ahorro catalanes, profesores y profesionales del àmbito económico se han propuesto impulsar la cooperativa de crédito Caixa Catalana, para "movilizar el ahorro de los catalanes para ponerlo a trabajar para revitalitzar la economía catalana". El proyecto Caixa Catalana prevé, inicialmente, que la Generalitat controle un 15 por ciento del capital social de la entidad. "Una fracción de capital minoritaria pero suficiente para garantizar una estabilidad en el capital".
El objetivo de Caixa Catalana es "ser una entidad financiera social e inclusiva, gobernada por los mismos clientes y los trabajadores, su misión preferente, en una etapa inicial debe ser luchar contra el paro, financiando a autónomos, pequeños empresarios y parados que necesitan un crédito para retornar al mundo laboral y entidades de carácter social, especialmente las que facilitan empleo a personas con discapacidades".
Según defienden los promotores de Caixa Catalana en su hoja de ruta, los mismos trabajadores deberían controlar el 15 por ciento de la misma. Ésta está concebida inicialmente como una entidad mixta, entre privado y público. El capital en manos privadas, con la forma de Cooperativa, "debe quedar totalmente diseminado por el territorio de Cataluña y difuso entre los diferentes extractos profesionales y empresariales".
Los clientes (Ahorradores, clientes de operativa y tenedores de créditos) deberían controlar el 50 por ciento de la entidad.Los Colegios Profesionales, gremios de oficios, otras cooperativas, controlarían el 20 por ciento final del capital de la Caja Catalana.
Los promotores indican que "tenemos nuestros ahorros depositados, en entidades financieras que nos son ajenas, y en muchos casos, las consideramos literalmente extranjeras y hostiles: Catalunya Caixa ahora está en manos del gobierno de Madrid (Con una administración intervenida, como la de cualquier empresa que ha hecho suspensión de pagos)".
E indican que "los catalanes que estamos comprometidos con nuestra independencia no queremos tener nuestros recursos en manos, literalmente, de personas de Madrid, que tienen sus propios criterios y objetivos -que no son precisamente, los nuestros". En este sentido apuntan que "en el transcurso de la crisis e incluso antes, con todo un recorrido en la liberalización de la economía, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros fue perdiendo totalmente los criterios iniciales, de arraigo en Cataluña y de servicio en el país".