El Parlament reclamó ayer en su boletín oficial que el Tribunal Constitucional (TC) levante la suspensión cautelar de varios artículos de la Ley de Acción Exterior de la Generalitat, de la que fueron suspendidos algunos puntos a petición del Gobierno.
A lo largo de 25 páginas, la Cámara catalana defiende y puntualiza sus alegaciones conforme los puntos impugnados no son inconstitucionales. El argumento es el mismo que sostiene la Generalitat desde la publicación de la ley, Cataluña tiene competencias para proyectar su imagen en el exterior. Algo que no se corresponde con el plan independentista del Govern que al presentar la ley ya planteó estas delegaciones como futuras embajadas para una hipotética Cataluña independiente, pese que ahora alega que se "respeta la competencia exclusiva del Estado español en materia de relaciones internacionales".
La jugarreta es más propia de un duelo entre trileros que de dos ejecutivos, pues el Gobierno central no recurrió al punto de la ley en el que se permitía activar las embajadas de Roma y Viena, que se sumaron reciente mente a las seis ya operativas. Algo que sorprendió al propio portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, que se preguntó si era "porque no lo consideraban ilegal" o porque "simplemente no lo habían visto".
Menos ley, más embajadas
Para más inri, si el Gobierno creía haber torpedeado las aspiraciones de internacionalización de Cataluña, hicieron agua ante la posibilidad legal de seguir adelante con estas embajadas, pues la Generalitat anunció la apertura de dos nuevas oficinas en el Vaticano y Rabat (Marruecos). La suspensión cautelar, de la que el Parlament ya se ha personado, deja en stand by los puntos suspendidos, pero no evita legalmente la apertura de nuevas delegaciones. Toca esperar al siguiente movimiento del Gobierno.
