Las nuevas embajadas catalanas que la Generalitat de Catalunya pretendía inaugurar en las ciudades de Viena y Roma no podrán abrir persianas como mínimo hasta dentro de cinco meses. La ley catalana de Acción Exterior que iba a permitir la apertura de nuevas oficinas públicas en Europa queda suspendida hasta el próximo mes de septiembre ya que el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite ayer el recurso que presentó el Gobierno contra la ley el pasado 11 de marzo.
Este recurso presentado por el ejecutivo de Rajoy alega que la norma catalana es inconstitucional al interpretar que se están "invadiendo competencias de la carta magna española".
La suspensión temporal de la ley en ningún caso supone un pronunciamiento del Constitucional sobre el fondo del recurso (que se resolverá en las próximas fechas), sino que su admisión a trámite inhabilita automáticamente la norma hasta que los jueces no dicten sentencia. De hecho, aunque no dicten sentencia, los magistrados podrían prorrogar la suspensión, o en todo caso, levantarla. El govern y el Parlamento catalán tienen 15 días para presentar alegaciones al Alto Tribunal.
El Gobierno instó, mediante la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que la ley busca "desarrollar una diplomacia pública de Cataluña, cuando ésta no es un Estado y por lo tanto no es un sujeto de derecho internacional con capacidad para establecer estas relaciones". Un argumento que no comparte el portavoz catalán, Francesc Homs, al recordar que la ley tiene el consentimiento del Consell de Garanties Estatutàries (órgano que controla la adecuación de las leyes al Estatut y la Constitución) y que desde la Generalitat tienen las competencias necesarias.
Infraestructuras de estado
El problema no es la falta de competencias, que Cataluña las tiene, sino el uso que se les dará a esas embajadas, en teoría para favorecer relaciones comerciales entre empresarios catalanes con autóctonos. Una utilidad muy diferente a la que el propio Homs aludió durante la presentación de la ley, cuando aseguró que estas oficinas deben abrirse porque "si existe el proyecto de hacer un Estado independiente hay que disponer de aquellas infraestructuras necesarias para atender la voluntad de que Cataluña sea un Estado independiente".
Esta declaración deja al desnudo la defensa de la Generalitat, ya que la ley española es clara al dictar que el Ministerio de Exteriores aprobará la ley "en función del fin y objetivo". El resto de oficinas como las de Washington, Bruselas, Londres, París y Berlín seguirán en funcionamiento.
