La Generalitat de Cataluña, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la indemnización de 1.350 millones de euros a las empresas que construyeron el almacén de gas Castor en Castellón, se ha topado con un caso similar. La administración catalana está ultimando el rescate de la autovía C-17, que une las poblaciones de Vic (Barcelona) con Ripoll (Girona). Este castor catalán le puede suponer al ejecutivo de Artur Mas el desembolso de hasta 275 millones, según cifró ayer La Vanguardia.
La concesión, Cedinsa, es propiedad de las cuatro empresas que construyeron la vía: Comsa-Emte, FCC, Copisa y Copcisa. Se adjudicaron la concesión en 2006 e invirtieron 312 millones de euros. La obra se puso en marcha por tramos entre 2008 y 2011. Aunque la autovía no tiene peaje, la Generalitat se comprometió a pagar la obra mediante el denominado peaje en la sombra, una fórmula por la que pagaría una cantidad en función de los vehículos que la utilizaran.
Sin embargo, en ningún momento desde su puesta en marcha la vía ha alcanzado los tráficos previstos (ya sea por la crisis o por una mala estimación de los mismos) y la Generalitat no ha abonado un importe suficiente para que Cedinsa pueda hacer frente al pago del crédito de 220 millones que la concesionaria solicitó a los bancos para hacer frente a la inversión. El grupo de bancos está formado por Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Catalunya Bank y el ICO.
El crédito venció a finales de diciembre de 2014 y Cedinsa se encuentra en un situación de insolvencia manifiesta que, por ley, le llevará a presentar un concurso de acreedores. En ese momento, está previsto que se active la cláusula de Responsabilidad Civil de la Administración que, según el contrato, obliga a la Generalitat a rescatar la infraestructura asumiendo el pago del crédito de 220 millones más el capital desembolsado por la concesionaria, en este caso 55 millones.
En principio, esos 275 millones deberían ser contabilizados como un desembolso y, por lo tanto, como déficit público, algo que necesitaría la autorización del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
