El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dejado hoy en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la resolución del conflicto abierto entre Agbar y Acciona por la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
En rueda de prensa, el presidente catalán ha comentado que si el gobierno catalán, que ha creado una Mesa de Contratación para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en su contra por este asunto, "se anticipara" en tomar una decisión definitiva sobre ATLL y luego recibiera "una sentencia contraria", resultaría "una chapuza".
Por este motivo, ha asegurado que la estrategia del gobierno catalán consiste en ir "adecuando los ritmos para ver si se produce la sentencia definitiva por parte del TJSC".
Mas ha argumentado que la resolución de fondo de este conflicto depende "de las decisiones de los tribunales", que deben dirimir el conflicto entre Agbar y Acciona por la mayor privatización de la historia de la Generalitat.
El presidente catalán ha recordado que esa sentencia sobre el fondo del conflicto "no está dictada" y está "en manos" del TSJC, y ha añadido que el gobierno catalán no puede "sustituir lo que dictarán los tribunales".
"No está en nuestras manos que acabe de una manera o de otra (el conflicto). Hay un punto final que no es trabajo del Govern, sino de los jueces", ha dicho Mas, diferenciando así entre el trabajo de la Mesa de Contratación "para comenzar a cumplir" un fallo judicial y la sentencia definitiva sobre el conflicto.
La privatización de ATLL está en el aire desde que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), dependiente de la propia Generalitat, anuló la adjudicación de esta empresa al consorcio encabezado por Acciona, del que formaba parte el banco brasileño BTG Pactual.
ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y a su área metropolitana, para lo que cuenta con cuatro grandes plantas potabilizadoras, desalinizadoras, depósitos y 900 kilómetros de tuberías.
Este conflicto por la gestión de ATLL amenaza con convertirse en un problema para las maltrechas finanzas del gobierno catalán, ya que la Generalitat cobró de Acciona 298 millones a finales de 2012.
Sin embargo, el gobierno catalán se apuntó contablemente ese año todos los ingresos previstos por esa privatización durante los siguientes 50 años -unos 1.000 millones, la totalidad del canon- para poder reducir en 0,5 puntos el déficit de la Generalitat de aquel año, por lo que el conflicto puede tener consecuencias sobre el déficit.
