El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no salió indemne ayer de su comparecencia en la Comisión Pujol. En sede parlamentaria, Mas reconoció que "a finales de los ochenta o principios de los noventa" tuvo noticia de que su padre tenía una cuenta en Liechtenstein y que tanto su madre como los hermanos eran beneficiarios de la misma. Sin embargo, rechazo que ni él, ni su esposa, han sido titulares de ninguna cuenta en el extranjero.
Pese a tener conocimiento de la cuenta y ser nombrado consejero de Economía de la Generalitat en 1997, Mas nunca actuó y confesó que "nunca pregunte nada a mi padre porque no eran míos, ni estaban relacionados de ninguna manera con la Administración, jamás pregunté si las declaraciones de Hacienda de mis padres eran de una forma u otra". También aseguró que como consejero de Economía no podía tener conocimiento de esas declaraciones.
En este sentido, también explicó que su padre regularizó el dinero y que la justicia acabó archivando la causa (prescribió por haber superado el plazo de cinco años que fijaba la ley). Finalmente, informó de que una vez fallecido su padre, el dinero le correspondió en su totalidad a su madre y él no recibió nada.
Contratos con la Generalitat
Otro de los puntos polémicos de la intervención parlamentaria de Mas se produjo cuando defendió que los hijos de Jordi Pujol tenían derecho como cualquier otro ciudadano a facturar a empresas de la Generalitat. En su opinión, "Cataluña es un país pequeño donde casi todas las empresas facturan a la Generalitat" y "hay muchas familias donde todos sus miembros trabajan en la Administración", por lo que no se puede vetar que sus familiares contraten con el sector público. Como ejemplo puso a sus dos hijos que ya están en edad laboral y que "yo no puedo fiscalizar si trabajan en empresas que prestan servicios o contratan con la Administración". También explicó el caso de su cuñado que trabaja en una empresa en la que "sólo es un empleado", aunque la facturación de la compañía con la Administración catalana se ha quintuplicado.
En el caso concreto de la familia Pujol, Mas admitió en el turno de repreguntas que quizá en el caso de los hijos de Pujol "hubiera sido mejor ahorrárselo", pero que en todo caso "si se puede demostrar que en algún caso concreto alguna empresa privada tuvo un beneficio privado, se tiene que juzgar".
Donde Mas se mostró muy firme fue respecto al caso de las deslocalizaciones de las empresas Sony, Sharp y Yamaha en las que presuntamente ayudó a Oriol Pujol a recolocar las factorias a otras empresas. El president explicó que recibe muchas peticiones en este sentido y que cuando Oriol Pujol se lo pidió éste era el secretario general de CDC y portavoz parlamentario de CiU, pero que hizo lo mismo que en otros casos.
