La crisis económica y la caída de ingresos tributarios han puesto en jaque la calidad de los servicios públicos catalanes, especialmente la sanidad. El sistema se ha visto afectado desde el primer momento por los ajustes presupuestarios y los recortes. Ante esta situación, cada vez son más los ciudadanos que optan por disponer de una doble cobertura sanitaria pública y privada. Consulte el nuevo número del especial elEconomista Catalunya.
En Cataluña ya hay casi un 25% de la población que ha decidido contratar un seguro privado para evitar las consecuencias del empeoramiento de la sanidad pública.
Tal y como especifica el secretario general del sindicato Médicos de Cataluña, Francesc Duch, el Institut Català de Salut (ICS) ha pasado de contar con un plantilla de 43.965 trabajadores el año 2010 a tan sólo disponer de 38.656 empleados en 2014, lo que supone un descenso de 5.309 profesionales.
Por otro lado, en Cataluña se ha reducido un 34,7% el número de camas hospitalarias desde su máximo histórico en 1992, cuando había 20.021 camas, frente a las 13.072 camas operativas en 2014. Tal y como apunta Duch, "con el avance de la medicina es lógico este descenso de camas en los hospitales, que irá a más" ya que hay operaciones para las que ya no se requiere hospitalización. Pero también considera que en estos años "se ha recortado más de lo que se debía y además no hay flexibilidad para habilitarlas en momentos de necesidad".
En Cataluña, además, el presupuesto sanitario se ha reducido un 16,2% en el periodo 2010-2014, al pasar de 9.888 a 8.290 millones.
Privatización de servicios
Pero además del cierre de plantas, la reducción de camas y la precariedad de los trabajadores, la gota que colma el vaso de la paciencia del sector es la desviación de intervenciones quirúrgicas hacia clínicas privadas. Los hospitales han tenido que desviar pacientes a otros centros para respetar los plazos garantizados en 14 procedimientos sanitarios monitorizados. Algunos consorcios critican que ante el colapso que sufren los centros públicos, se deriva parte de la actividad hacia centros privados, asignándoles recursos públicos y empobreciendo aún más el servicio que se presta.
En el centro de esas acusaciones de desvío de actividad está el conseller de Salud, Boi Ruiz, que fue director general de la Unión Catalana de Entidades Sanitarias y Sociales (patronal que agrupa más de un centenar de entidades sanitarias). El conseller además quiere regular la actividad privada en los hospitales públicos. Ruiz está preparando una instrucción con la intención de establecer un marco de trabajo para regular la actividad privada en los centros que forman parte del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (Siscat). El proyecto considera que es "éticamente aceptable" la actividad privada en los centros públicos, siempre que se garantice el principio de igualdad de acceso.
La fuerte oposición que generan entre los sanitarios estas dos propuestas han colocado a Boi Ruiz en el punto de mira de CiU. Ante las próximas elecciones autonómicas, miembros del partido piden la cabeza de un conseller de perfil independiente que consideran que perjudica sus intereses electorales.
Para descalificar su gestión recuerdan el fiasco en que se convirtió la implantación del euro por receta que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y que ha obligado a la Generalitat a reembolsar el dinero a través de una transferencia bancaria a los usuarios que lo soliciten. Mas es amigo íntimo de Ruiz y defiende su gestión, pero el último episodio en que un farmacéutico de Tarragona murió de un infarto durante su traslado a Barcelona porque el quirófano estaba cerrado el día de Navidad puede ser la sentencia definitiva.
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