El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha instado este lunes al Parlament a llevar al Tribunal Constitucional (TC) el Real decreto ley que ha permitido la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria del almacén de gas Castor que deberán pagar los usuarios en la factura del gas de los próximos 30 años.
Ribó ha presentado el informe sobre el proyecto Castor en comisión parlamentaria, donde ha pedido a los diputados catalanes que "estudien seriamente un recurso de inconstitucionalidad" antes de que el 3 de enero venza el plazo.
Ha celebrado que el Govern ya haya solicitado al Consell de Garanties Estatutàries que estudie la constitucionalidad del decreto, que es el paso previo a la impugnación, y ha explicado que la Defensora del Pueblo ha requerido información al Ministerio de Industria para valorar la interposición de un recurso.
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