Los problemas de tesorería y la falta de liquidez de la Generalitat vuelven a poner en jaque a las entidades sociales, que no cobrarán hasta diciembre el 25 por ciento de las facturas de los conciertos que mantienen con el Gobierno catalán. El departamento de Bienestar Social y Familia prorroga la medida que ya adoptó en septiembre y que implica el impago de 12 millones de los 50 millones que debe pagar a estas entidades.
La consejería que lidera Neus Munté no podrá satisfacer hasta final de año el cien por cien del importe mensual de los conciertos de las entidades del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), es decir, residencias de ancianos, y de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), centros de menores.
Este impago se suma al que el Govern ya acumula con las farmacias, que asciende a 220 millones de euros, tras la última deuda de 101,2 millones correspondientes a los medicamentos dispensados por las farmacias en el mes de agosto.
El compromiso de la Generalitat pasa por que "todas las entidades de iniciativa social, sector mercantil y ayuntamientos hayan cobrado al menos el 75 por ciento de sus facturas en diciembre".
Para reducir el impacto de este impago, aplicarán criterios de proporcionalidad en las retribuciones, como ya hizo en septiembre, cuando repartió los pagos para que todas las entidades cobraran cada mes al menos el 50 por ciento de lo que corresponde por cada servicio prestado para que puedan hacer frente al pago de nóminas de los trabajadores, un compromiso que mantiene hasta finales de año. El departamento de Bienestar Social reclama liquidez al Estado ya que ante estos problemas "sólo podemos recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ya que acceder al dinero depende del Estado".
Por su parte, las entidades sociales recibieron con indignación y resignación la noticia, ya que llevan años trabajando con dificultades económicas y vivieron esta situación hace un par de años, cuando también sufrieron los impagos de la Generalitat por los problemas de tesorería.
8,9 millones para el 9-N
Mientras que el Gobierno catalán adeuda 12 millones a los centros de menores y a las residencias, destina una partida de 8,9 millones para organizar la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre, una cantidad que en los presupuestos catalanes ya existía, pero con un partida inicial de cinco millones, que ahora tendrá que ser ampliada.
