La Generalitat de Cataluña ha decidido trasladar a la Comisión Europea el Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre del Gobierno español por el que ha acordado repercutir en el precio del gas los 1.350 millones de euros de indemnización a la empresa ACS para la suspensión del proyecto de la planta de gas Castor. El Ejecutivo catalán pedirá a Bruselas que se pronuncie sobre si la solución adoptada se ajusta al derecho comunitario.
De igual modo, el presidente catalán, Artur Mas, ha encargado a sus servicios jurídicos el estudio de todas las vías de impugnación del mencionado real decreto, ya que el Ejecutivo catalán "es contrario a que los ciudadanos y empresas tengan que asumir el coste de la mala gestión de este proyecto". Por este motivo reclama al Gobierno del Estado que "haga público todos los estudios e informes que haya encargado o recopilado sobre la quiebra del proyecto, sobre los episodios sísmicos que tuvieron lugar en las Tierras del Ebro desde el inicio de los trabajos relativos al proyecto de almacenamiento, y aquellos que determinan los costes económicos totales de la operación".
La Generalitat anunció ayer que impulsará "todas las medidas jurídicas en defensa de los intereses de los consumidores y de los diferentes sectores económicos de Cataluña contra esta Ley" y se opone a que "los costes relacionados con la extinción de la concesión sean imputables a los usuarios o en los presupuestos públicos, dado que no entrará en servicio por carencias atribuibles exclusivamente al proyecto y a su ejecución". Ademas, el ejecutivo catalán evaluará el impacto económico que el real decreto tendrá sobre las familias y las empresas con el objetivo de reclamar daños y perjuicios.
Compromís también impugna
La impugnación catalana se suma a la de Compromís. Esta formación política valenciana también ha encargado estudios jurídicos para impugnar los actos administrativos que dieron lugar al rescate de la concesión del Castor, con el fin de depurar "responsabilidades económicas y políticas". Compromís quiere evitar que los usuarios "paguen 1.350 millones de euros más los intereses" por "una clara negligencia y por un servicio que no se les prestará". Según la formación, "es y será una estafa que se cobre a los usuarios de gas por una instalación construida que no tiene licencia de actividad".
