El Ejecutivo catalán continúa con su hoja de ruta soberanista y avanza en su promesa de votar el 9 de noviembre.
A pesar de la suspensión cautelar de la ley catalana de consultas por el Tribunal Constitucional, el Parlament designó ayer a los siete miembros de la comisión de control de consultas populares, que actuará como junta electoral de la votación si se acaba celebrando. Las funciones de este organismo consisten en velar por que las consultas populares no refrendarias se ajusten a los principios que establece la ley de consultas y que se lleven a cabo respetando las reglas.
La votación fue aprobada con los 86 votos de los partidos favorables a la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP), ya que los diputados del PSC, PP y Ciutadans se negaron a votar, al considerar que tras haber sido suspendida la ley por el TC, significa traspasar una línea roja. PP y Ciutadans insistieron en que Mas no puede tomar decisiones que supongan desplegar la ley de consultas y alertaron a los diputados de que con su voto pueden incurrir en algún delito "al ignorar, desde un cargo público, la democracia y el Estado de Derecho".
En la sesión de control en el Parlamento catalán, Mas afirmó que "en lo que dependa de mí, el proceso se acabará votando, y votando la pregunta acordada". A pesar de insistir en que no rectificará en la voluntad de que el pueblo catalán pueda votar y decidir su futuro, considera que ahora no es el momento de la desobediencia civil, tal y como propone su socio de gobierno (ERC) y la CUP, ya que "hemos visto a lo largo de la historia que no siempre la desobediencia civil lleva a la victoria. Y hemos de aprender de la historia".
El presidente de la Generalitat apuntó que en estos momentos hay que "presionar" al Tribunal Constitucional para que levante cuanto antes la suspensión cautelar. Además, la Generalitat presentó ayer dos recursos ante el TC contra la decisión del Gobierno central.
Por su parte, la secretaria general y diputada de ERC en el Parlament, Marta Rovira, exigió al Govern mantener la campaña institucional de la consulta soberanista y añadió que ERC está dispuesta a asumir "las responsabilidades políticas y las inhabilitaciones" que hagan falta para cumplir con el objetivo de que los catalanes voten en la consulta. Mas explicó que mientras se mantenga la movilización, él actuará de acuerdo con la mayoría social y parlamentaria. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunció que su partido llevará ante la Fiscalía el acuerdo alcanzado por el Parlament.
Si finalmente se celebra la consulta soberanista del 9 de noviembre, el decreto de convocatoria establece en su anexo que el presidente de la Comisión cobrará 3.400 euros, el secretario recibirá una remuneración de 3.200 euros y los vocales cobrarán 2.100 euros por su trabajo durante el proceso.
Reuniones bilaterales
Tal y como ya había avanzado esta semana, el presidente catalán se reunió finalmente ayer por la tarde con los líderes de los partidos pro consulta, con los que mantuvo encuentros bilaterales para consensuar las próximas acciones que llevará a cabo el Ejecutivo catalán tras la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional.
Después de estos primeros contactos, Mas puede convocar un encuentro con todos los líderes de las fuerzas favorables a la consulta en los próximos días.
La primera reunión fue con el diputado de la CUP, David Fernández, quien pidió "audacia, inteligencia, serenidad y calma". Posteriormente, se reunió con el líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, con quien coincidió en su voluntad de continuar con el proceso "sin afectar a terceros". Y finalmente fue el turno de su socio de Gobierno y líder de ERC, Oriol Junqueras, con quién mantuvo un encuentro a última hora de la tarde.
Investigación Oleguer Pujol
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investigará a Oleguer Pujol, hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol, por presunto blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública tras admitir parcialmente a trámite la querella que presentaron los partidos Podemos y Guanyem Barcelona a principios de septiembre contra la familia Pujol.
Su hermano, Jordi Pujol Ferrusola, ya está siendo investigado en la Audiencia por supuesto blanqueo de dinero tras una denuncia presentada por su examante, María Victoria Álvarez, por supuestas operaciones de blanqueo de capitales que presenció en distintos viajes al extranjero.
Oriol Pujol, exdiputado de CDC, está imputado por soborno y por tráfico de influencias por la presunta concesión irregular del servicio de revisión de vehículos en Cataluña. El partido liderado por Rosa Díez, UPyD, interpondrá hoy una querella contra la familia Pujol en la Audiencia Nacional de Madrid.
