Los miembros del último consejo de administración de Spanair y la sociedad pública de la Generalitat Avançsa deberán pagar 10,8 millones de euros por aplazar la quiebra de la aerolínea.
Así lo ha determinado el juzgado mercantil 10 de Barcelona, que ha declarado culpable el concurso de Spanair por el retraso de cinco meses en la presentación de la solicitud del concurso de acreedores sabiendo que la compañía era inviable. Además, condena a los consejeros, entre ellos el expresidente de la aerolínea Ferran Soriano, y a Avançsa a dos años de inhabilitación para la gestión de patrimonios ajenos.
Spanair cesó su actividad el 27 de enero de 2012 y el 30 de enero presentó concurso de acreedores con un pasivo de 474 millones. Tal y como se desprende de la sentencia, "existe un retraso de cinco meses en la presentación de la solicitud de concurso voluntario de acreedores, que debe ser calificado como culpable, pues entiende que durante ese período los administradores de la sociedad, con su actuación, agravaron la situación de insolvencia que ya existía a 30 de junio de 2011".
El último consejo de administración de la aerolínea ha manifestado que "de conformidad con la sentencia, se debería haber convocado el concurso el 1 de enero de 2012", justo después del fracaso de las negociaciones con Qatar Airways y "por tanto, la diferencia no es de cinco meses sino de tan sólo 27 días".
Aportaciones públicas
Se calcula que la aportación pública que Spanair recibió en 2011 fue superior a los 100 millones, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. La multa que deberán afrontar los condenados, entre los que se encuentran Avançsa, Fira de Barcelona, y Inversions Turístiques i Comercials (Turisme de Barcelona), es inferior a la que reclamaba la Fiscalía de Barcelona (72 millones). La Generalitat y Spanair recurrirán la sentencia.
