Las disculpas no son suficientes. Con este mensaje como piedra angular de su discurso, el ministro de Hacienda cargó duramente ayer en el Congreso contra el que fuera president de la Generalitat, por lo que calificó como "treinta años de clandestinidad fiscal" y no descartó, incluso, que Jordi Pujol haya cometido no uno, sino varios delitos fiscales. Dejó claro, además, que el líder catalán no se acogió a la amnistía puesta en marcha por el Gobierno.
Durante las cerca de cuatro horas que se prolongó su comparecencia, Montoro aseguró que este caso representa uno de los mayores fraudes que, cualitativamente, se han producido en España, por la entidad de su protagonista. Apuntó que la familia Pujol-Ferrusola viene siendo investigada por la Agencia Tributaria desde el año 2000, durante su anterior etapa como ministro, y que Pujol únicamente confesó, al verse acorralado por las investigaciones. El titular de Hacienda lamentó que esa confesión pública no viniera acompañada de una reparación del daño causado y sentenció que "si creía -Pujol- que pedir perdón público con un comunicado suponía borrón y cuenta nueva se equivoca". Tanto es así, añadió, que "llegaremos hasta el final en todos los frentes para que nada ni nadie quede impune".
Dar explicaciones
Por otro lado, en el Parlamento catalán, los siete partidos políticos con representación, incluido CiU, apoyaron ayer por unanimidad la petición de comparecencia del ex presidente para que dé explicaciones sobre el patrimonio que confesó que ha tenido en el extranjero sin regularizar durante más de 30 años. La presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, envió una misiva a Pujol en la que le comunicaba la decisión de la Cámara y le instaba a rendir cuentas "lo antes posible", una petición que el ex mandatario no tardó en responder, proponiendo posponer su comparecencia. Ayer mismo, Pujol pidió por carta comparecer en la Cámara catalana a partir del 22 de septiembre para "incidir lo menos posible" en los "hechos de gran voltaje político" que tendrán lugar a lo largo de este mes, como la Diada del 11 de septiembre, el debate de política general previsto para los días 15, 16 y 17 de septiembre y la aprobación de la ley de consultas. Pujol considera que esta fecha está lejos de otra cita de "muy fuerte carga política", que será el 9 de noviembre. En la carta recuerda que varias veces, requerimientos parecidos no han sido atendidos, "sin consecuencias", en referencia a la líder del PPC, Alícia Sánchez Camacho, que no ha comparecido para explicar su vinculación con el caso Método 3.
La Generalitat ha conseguido que el ex mandatario retrase sus explicaciones y no "enturbie" el proceso soberanista emprendido por el presidente catalán, Artur Mas.
El PP catalán y Ciudadanos avanzaron ayer que impulsarán una comisión de investigación sobre el fraude fiscal al margen de las explicaciones que Pujol pueda dar. Estas formaciones se suman a la propuesta que lanzó el lunes el socio de Gobierno de Mas, ERC, que advirtió que impulsará una comisión de investigación sobre fraude fiscal en el Parlament si Pujol no acudía a la Cámara catalana esta misma semana. Algunas formaciones (ICV-EUiA, Ciudadanos y la CUP) consideran que la confesión de Pujol es sólo la punta del iceberg de un caso de irregularidades que afectan a CiU y la Generalitat. La oposición exige a Pujol que no haga lo mismo que el expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, que se negó a declarar cuando compareció.
Ahora, De Gispert y el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales propondrán una o dos fechas a Pujol para que comparezca después del 22 de septiembre.