La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que en el caso Pujol deben seguirse los procedimientos de Hacienda "y en su caso judiciales" y aplicarse "la legislación vigente, como a todo el mundo", después que el expresidente catalán reconociera que incumplió sus obligaciones tributarias.
Preguntada por el dinero en paraísos fiscales del expresidente catalán y si el Gobierno ha influido en la publicación de su patrimonio, ha asegurado que el Ejecutivo "lo que hace es respetar los procedimientos", sean judiciales o de la Agencia Tributaria.
Sáenz de Santamaría ha explicado que la ley de consultas catalana "nace muy debilitada en su validez constitucional", ya que el Consejo de Garantías Estatutarias la avaló por cinco votos frente a cuatro, y ha insistido en que cree que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no convocará un referéndum independentista de manera ilegal.
"Quiero creer que va a respetar la ley", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que una cosa es hacer "planteamientos" y otra distinta el comportamiento de un dirigente político, que ostenta un cargo cuya legitimidad deriva de esa ley.
Para Sáenz de Santamaría, que un representante político admita que no va a cumplir la ley es "muy duro en democracia", porque la ley "no es un capricho de los gobernantes sino la voluntad de todos". Así, no cree que haya "ningún ciudadano y mucho menos un representante político que diga la ley dice lo que dice pero yo hago otra cosa". "Me cuesta mucho creer que alguien esté dispuesto a saltarse la ley y lo que diga el Tribunal Constitucional", ha remachado.
Por eso, no ha querido ponerse en la hipótesis de qué haría el Gobierno si, en lugar del referéndum el 9 de noviembre, Mas convocase elecciones, las ganase ERC y un nuevo gobierno proclamase unilateralmente la independencia.
De hecho, ha dicho no saber si Mas tiene "plan B o C" para después del 9 de noviembre. "Cada uno tomará la decisión que políticamente crea que responde mejor a sus planteamientos, pero jurídicamente la Generalitat está obligada a cumplir la ley", ha insistido.
En ese sentido, ha dejado claro que no sabe si Mas convocará elecciones de manera inmediata, porque no se lo ha dicho. "Y no voy a dar ideas", ha bromeado. En todo caso, ha recordado que hay instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes, empezando por el Tribunal Constitucional, y que la obligación del Gobierno es hacer cumplir la ley y explicar a los ciudadanos las ventajas de una España "unida, fuerte y que hace reformas".