Aún domina la cautela y la prudencia en la clase empresarial catalana a la hora de tomar la iniciativa y proponer planes concretos que permitan desbloquear el debate soberanista. Con todo, la cercanía del 9 de noviembre (fecha en la que supuestamente tendrá lugar la consulta convocada por la Generalitat) y, sobre todo, del 11 de septiembre (festividad de la Diada) hace que las organizaciones patronales estén ya haciendo virar sus posiciones oficiales hacia un respaldo más claro hacia una tercera vía, como ha podido constatar elEconomista.
Ese camino pasa, en la mayoría de los casos, por hacer cambios en la Constitución, igualmente aceptables para Barcelona y Madrid, aprovechando los márgenes que la Carta Magna actual permiten.
Planes como el elaborado por uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (que ya está sobre la mesa del presidente Mariano Rajoy), el cual aboga por extender el capítulo de disposiciones adicionales de la ley suprema incorporando nuevas competencias para Cataluña, parecen inspirar las posiciones que las patronales mantienen hoy en día, especialmente tras la última reunión del presidente Rajoy y el president Artur Mas con la que terminó el pasado curso político.
Círculo de Economía
La organización presidida por Antón Costas defiende que no solamente se puede hablar de "un problema catalán", sino que también existe "un problema español que tiene que abordarse por la vía del cambio constitucional". El propio Costas lo defendió en las jornadas que el Círculo organizó recientemente en Sitges. Ya entonces dejó claro que hacer cambios en la Constitución respaldaría la propia idea de consulta.
Foment del Treball
La patronal presidida por Joaquim Gay de Montellà pide un "gran pacto institucional" que reconozca la realidad nacional catalana y cuyo contenido se someta a votación de los ciudadanos de Cataluña. Su propuesta sigue así, en gran medida, las líneas maestras del plan Miñón, el cual habla de un pacto entre la Generalitat y el Gobierno central del que surgiría una nueva institución que blindaría las competencias catalanas y sobre la que los catalanes podrían pronunciarse. Se trataría de "un gran acuerdo siempre dentro del marco de la legalidad vigente". El propio Gay de Montellà se ha mostrado repetidamente a favor, en diversas intervenciones, de que pactos institucionales de este tipo se aborden sin necesidad de tener que reformar la Constitución en profundidad.
Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio de la Ciudad Condal reclama al presidente del Gobierno "algún gesto", que bien pudiera pasar por una reforma de carácter legislativo después de la entrevista que mantuvieron Rajoy y Mas a finales del mes de julio. El presidente del mencionado organismo, Miquel Valls, asegura también que hay que abordar acciones más focalizadas como la relacionada con el déficit de infraestructuras que de acuerdo con la Generalitat está sufriendo Cataluña. Igualmente, la Cámara urge a que sobre todo el Gobierno haga posible "una financiación más justa para Cataluña". Esta institución es partidaria de que cualquier consulta que se convoque sea "legal y pactada", de acuerdo con el marco legal vigente.
Pimec
La patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, Pimec, se muestra partidaria del derecho a decidir, que no necesariamente pasa por la constitución de un nuevo Estado, pero descarta pronunciarse más allá. Su presidente, Josep González ha manifestado en varias ocasiones que este grupo representa una gran pluralidad de posturas y "cuesta mantener la representatividad que exige esa pluralidad".
CEOE
La patronal CEOE tiene un alcance que no se circunscribe a Cataluña, pero no podía mantenerse al margen de un debate de tanto calado, máxime teniendo en cuenta las raíces de su presidente, Juan Rosell. En su entorno se recuerda que el propio Rosell "está a favor de cambiar las leyes en la medida en que sea posible" y que, en lo que concierne específicamente a la Constitución, fueron posibles acuerdos que afectaron a cuestiones presupuestarias.
