La Fiscalía de Barcelona ha pedido hasta diez años de prisión para los siete imputados en el caso Adigsa, la empresa pública de la Generalitat creada por el gobierno de Jordi Pujol para promover vivienda social. El caso se empezó a investigar en el 2005 a raíz de una querella de la Fiscalía, después de que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) denunciara en el Parlament el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas por parte de los anteriores gobiernos de CiU, con Pujol al frente.
"Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento", aseguró Maragall. Aunque después retiró sus palabras del acta parlamentaria, el fiscal decidió actuar de oficio.
En su escrito, la Fiscalía de Barcelona pide 10 años de prisión para el ex consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificar documentos. De igual modo, pide nueve años y seis meses de cárcel para el ex director técnico de Adigsa, Jordi Huguet, y el ex responsable económico, Xavier Sala.
De igual modo, el fiscal Emilio Sánchez Ulled pide cinco años de prisión para José María Penin, que tasaba y estudiaba la viabilidad económica de los proyectos para rehabilitar fincas. Según el escrito de la Fiscalía, Fontdevila "impuso" en Adigsa "la extraña intervención de una persona ajena a la misma, el también acusado José María Penin Manero, al cual presentó como un supuesto técnico externo y lo insertó arbitrariamente en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresarios particulares de obras de rehabilitación a realizar en pisos adquiridos en el mercado secundario, sin que conste el motivo ni existiera justificación alguna para ello, construyendo expedientes de adjudicación a medida y dilapidando fondos públicos".
Se da la circunstancia de que el presidente de Adigsa, Ferran Falcó, Fontdevila y Penin "compartían militancia y actividades políticas en la formación Convergència Democràtica de Catalunya, amén de haber coincidido laboralmente tanto en el partido como en otro departamento de la Generalitat, el de Benestar Social", recuerda el fiscal.
La sombra de Felip Puig
La Fiscalía también destaca que Penin tenía "una relación de parentesco lejano con el entonces Conseller de Política Territorial i Obres Públiques", Felip Puig, "de cuyo departamento dependía entonces Adigsa, quien había ostentado cargos también en su día en la conselleria de Benestar Social, donde coincidió también con Fontdevila". Puig es actualmente conseller de Empresa del Gobierno de Artur Mas.
El fiscal basa su argumentos en parte en la declaración del empresario acusado José Antonio Salguero, para quien pide 18 meses de cárcel, ya que se le aplica la atenuante de confesión. Según esta versión, Penin pacto con él una "comisión ilícita consistente en un porcentaje en torno al 20 por ciento del dinero público que se iba a recibir en pago de las obras irregularmente adjudicadas". Presuntamente, Salguero pagó 108.000 euros a Penin. A cambio, Penin percibió casi 30.000 euros de Adigsa por tasaciones de viviendas que jamás realizó.
Según una auditoría realizada en 2005, el sobre coste medio en las obras de remodelación de pisos para vivienda social de Adigsa era del 15 por ciento.
