El Gobierno de Cataluña ha convocado a las fuerzas parlamentarias el próximo lunes a las 11,00 horas en el Palau de la Generalitat para abordar una respuesta conjunta al recorte de un multiplex de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a petición del Ministerio de Industria, en cumplimiento de un mandato europeo.
Lo ha anunciado el secretario de Comunicación del Gobierno catalán, Josep Martí, tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, a quien ha trasladado una propuesta de la Generalitat que evitaría el cierre de los cuatro canales que conforman un multiplex.
Ha lamentado que el encuentro con el representante del Gobierno español haya ido mal, ya que no ha servido para que se reconsidere la decisión de eliminar canales catalanes: "Ni siquiera han querido valorar las posibilidades técnicas que harían que el cierre no fuera necesario".
De hecho, ha advertido de que la propuesta del Estado no responde a ningún criterio técnico, sino que entraña un objetivo político "para debilitar la oferta televisiva en catalán", algo que ha calificado de inadmisible.
"Pese a que el Gobierno español alega que la medida viene impuesta por la UE, en realidad es solo un disfraz para enmascarar un objetivo político", ha deplorado Martí, y ha asegurado que el Ejecutivo catalán pondrá todo cuanto esté a su alcance para evitarlo.
Martí ha convocado a los partidos catalanes para explicarles las consecuencias de aplicar la propuesta que el Ministerio ha ideado "a la sombra, sin consultar", así como trasladarles las alternativas que plantea el Govern. ALTA DEFINICIÓN
Pese a la "posición inamovible del Ministerio", Martí ha reiterado que el Gobierno de Cataluña no cerrará ningún canal de televisión, y ha criticado que el Estado pretenda impedir que la oferta televisiva en catalán evolucione con naturalidad hacia la alta definición.
La oferta en catalán debe seguir siendo competitiva, ha afirmado, y ha concluido que si finalmente se aplica la decisión del Gobierno español, prevista para enero de 2015, "se pondría el futuro de la televisión a los pies de los caballos".
"Todo esto pone muy difícil la plena normalización del catalán y el papel de servicio público", ha precisado, y ha ensalzado el liderazgo de la televisión pública catalana.
