La Generalitat de Cataluña prosigue con su política de creación de impuestos para financiarse. Ayer anunció la creación de una nueva tasa sobre las operadoras de telecomunicaciones para financiar la industria audiovisual catalana.
Este es el cuarto impuesto que crea después de aprobar las tasas sobre el despegue de aviones en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), las centrales nucleares y las emisiones de CO2.
En su reunión semanal, el ejecutivo de Artur Mas aprobó la memoria preliminar del anteproyecto de ley del impuesto sobre el ADSL que gravará a las compañías operadoras de conexión a Internet con una tasa de 0,25 euros mensuales por cada línea contratada en Cataluña. El objetivo es que la nueva tasa recaude unos 20,5 millones de euros que revertirá íntegramente en la subvención del audiovisual catalán, según explicó ayer el conseller de Cultura, Ferran Mascarell.
La previsión de la Generalitat es que el impuesto, que debe someterse a tramitación parlamentaria, entre en vigor en verano. Sin embargo, las operadoras del sector agrupadas en la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMITEC), entre las que se encuentran Telefónica-Movistar, Ono, Vodafone y Jazztel, ya han anunciado su oposición a este gravamen ya que consideran que ya están pagando un canon parecido a nivel estatal, lo que les permitiría llevarlo a los tribunales.
Sobre la oposición que puedan ejercer estas compañías, Mascarell aseguró que su departamento ha hablado y seguirá hablando con ellas, y se mostró convencido de que alcanzarán un punto de encuentro: "Al final entenderemos que nos interesa a todos". En su opinión, las operadoras de conexión a Internet son canales de distribución de contenidos y posibilitar el mantenimiento del sector audiovisual con este impuesto sería positivo para las propias operadoras, que se nutren de sus contenidos.
Mantener una industria
El conseller de Cultura defendió esta tasa para "mantener competitivo un sector muy importante para Cataluña" como el audiovisual, que, según explicó, reúne alrededor de 2.000 empresas con más de 11.000 trabajadores y aporta en torno a 2.500 millones de euros a la economía catalana.
La gestación de la medida empezó hace un año ante la crisis del sector audiovisual catalán, que ha perdido la mitad de espectadores entre 2001 y 2012 y que ha sufrido un recorte de un 50 por ciento de las aportaciones públicas.
Inicialmente, la Generalitat pensó en cobrar una entrada sobre las entradas al cine, pero lo descartó por la caída de espectadores. Más tarde se pensó en una tasa sobre los televisores de los hogares, pero también fue descartada. Finalmente, se ha optado por un sistema que ya funciona en países como Francia o Alemania.
