La Generalitat de Cataluña prepara una ofensiva legal para intentar frenar la aplicación de la nueva Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) de carácter estatal. Según anunció ayer en rueda de prensa el consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, el gobierno de la Generalitat "intentará que la Ley no se aplique a Cataluña".
Para conseguirlo, aseguró que "no llamo a la insumisión sino a obedecer las leyes que están vigentes" en Cataluña. Para reforzar esta posición, Puig adelantó que la Generalitat y CiU llevarán "nuevas Leyes en el Parlamento y nuestra normativa de referencia será el Estatuto y no esta ley".
El consejero considera que la LGUM propicia el desplazamiento territorial hacia las autonomías con normativas más laxas: "cualquier operador podrá ejercer su actividad económica y podrá actuar, no en función del territorio de destino, sino que le bastará al hacerlo con los requisitos del territorio de origen; una normativa a la baja con efectos drásticos para las empresas y para los ciudadanos y consumidores". En su opinión, la aplicación de la ley también supone un cambio de estructura empresarial que "sólo favorece a los oligopolios que tienen posibilidad de elegir la normativa más débil, en detrimento de las pymes" y " desestructura el modelo económico y social de Cataluña"
Las razones del PP
Para Puig, la LGUM es una pieza más del despliegue ideológico del PP y avisó de que el "cinismo político" del gobierno español "nos vacía competencial y nos sitúa la distribución del poder político a un nivel pre-autonómico".
En respuesta a Puig, el diputado del PP, José Antonio Coto, señaló ayer que no entiende como la Generalitat se opone a esta ley: "para que un banco holandés opere en España sólo tiene que enviar una comunicación al Banco de España, pero para que un lampista aragonés trabaje en Cataluña tiene que adaptarse a una normativa diferente". Coto cree que esta ley "favorece a las pymes y autónomos catalanes, que no tienen los bufetes de las grandes empresas para poder operar en toda España".
