La Generalitat de Cataluña constituirá esta semana el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que supondrá la desaparición del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC). Este organismo fue el que consideró invalida la decisión de la Generalitat de adjudicar en enero de 2013 la gestión de la empresa pública Aguas Ter Llobregat (ATLL) a Acciona a través de una concesión a 50 años.
Ante esta resolución del OARCC, la administración catalana y la concesionaria recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que también dictaminó que la oferta de Acciona no se ajustaba al pliegue de condiciones del contrato y la invalidaba. En la actualidad, la Generalitat y la concesionaria han recurrido la decisión del TSJC al Tribunal Supremo, que por el momento no se ha pronunciado al respecto.
La desaparición del OARCC y su sustitución por un tribunal elimina una de las partes implicadas en el proceso y aísla a Aguas de Barcelona, la otra compañía que optaba a la concesión de ATLL. En un comunicado, la Generalitat asegura que "este cambio ya estaba previsto en la propia regulación del OARCC, que determinaba que si el volumen y la especificidad de los recursos interpuestos lo aconsejaran, el Órgano, que inicialmente fue creado con carácter unipersonal, de acuerdo con los criterios de contención del gasto, podría ser transformado en colegiado". Para justificar este repentino abandono de los criterios de contención del gasto en un momento en que la contratación pública está en niveles mínimos, la administración catalana ha decido y otorgar la presidencia del nuevo tribunal a Juan Antonio Gallo Sallent, hasta ahora director del OARCC. Sin embargo, también ha nombrado dos vocales y una secretaria técnica que deberán consensuar las decisiones unipersonales que antes habían sido responsabilidad unipersonal de Gallo.
