La Fiscalía Anticorrupción considera que el ex secretario general de Convergència y diputado en el Parlament, Oriol Pujol, no solo cometió un presunto delito de tráfico de influencias en la presunta trama de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), sino que además podría haber exigido 30.000 euros al empresario Ricard Puignou para votar en la cámara a favor de los intereses de los imputados en la trama en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008.
Según la tesis de la fiscalía, el cobro de esta cantidad se habría realizado a través de la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, que habría recibido los 30.000 euros a través de Sergi Alsina, amigo íntimo de Pujol que la contrataba para realizar algunos servicios de consultoría. Previo al pago, Alsina habría percibido la misma cantidad de Ricard Puignou, que, presuntamente era el interesado en modificar la Ley de Seguridad Industrial para beneficiarse de las concesiones de ITV.
Esposa imputada
Por esta presunta trama, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impute también por el presunto delito de cohecho a la esposa de Pujol, Anna Vidal, y a los empresarios Ricard Puignou y Sergi Alsina, ambos ya imputados en la causa por el presunto delito de tráfico de influencias.
Según Anticorrupción, Pujol habría vendido su voto durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Industrial publicada en el Boletín Oficial del Parlament el 23 de julio de 2008. Según un comunicado emitido ayer por Convergència, en ese momento "CiU estaba en la oposición y, por lo tanto, el voto de sus diputados no era necesario para sacar adelante esa ley".
El TSJC ya vio indicios de que el hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se aprovechó de su peso político (sobre todo como presidente de CiU en el Parlament) "con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos colaboradores" dentro de esta presunta trama para la concesión irregular de estaciones de ITV. Por ese motivo admitió la petición del fiscal de acusarle de un presunto delito de tráfico de influencias.
Ahora, durante la investigación del caso, "se habría descubierto que presuntamente el Sr.Puignou habría solicitado el voto favorable para sus intereses por parte del Sr.Pujol en la tramitación de la ley", voto por el que Oriol Pujol pudo pedir esos 30.000 euros.
