El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, ha pedido al Estado poder convocar y gestionar las ayudas a entidades ambientales, que proceden de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinada a programas de defensa del medio en la declaración de la renta, ha informado este viernes el departamento en un comunicado.
Después de que el Tribunal Constitucional (TC) diera la razón a la Generalitat en mayo, Vila ha requerido al Consejo de Ministros anular esta orden de ayudas, porque considera que "vulneran las competencias propias de la Generalitat de gestión de subvenciones", y porque excluyen a las entidades catalanas, que no se pueden acoger a estos fondos si no son de ámbito estatal.
Cataluña aporta cerca del 25% del total del Estado en la recaudación del IRPF para finalidades sociales, mientras que se le retorna sólo el 19% que le corresponde por población, ya que el porcentaje de ciudadanos que marcan la casilla de finalidades sociales en Cataluña es superior a la media española; el Gobierno catalán calcula una deuda acumulada de tres millones de euros por los últimos cinco años.