El expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, justificó ayer ante el juez que la entidad aprobó sobresueldos a sus directivos en plena crisis económica en base a informes que recomendaban subirles el salario para igualarlo a los precios de mercado.
Serra declaró como imputado ante el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, a raíz de la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la antigua cúpula de Caixa Catalunya por haber aprobado aumentos retributivos e indemnizaciones para sus miembros en 2010, cuando la entidad había acudido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para pedir 1.250 millones de euros.
Ante el magistrado, Serra defendió su gestión y aseguró que el consejo de administración de la entidad decidió subir los sueldos a los directivos, como una medida para dar empuje económico a la caja, en base a informes que habían encargado a consultores y que aconsejaban igualar sus salarios a los precios del mercado. Según fuentes judiciales, el exministro socialista argumentó que esos informes eran encargados por la comisión de retribución de la entidad, de la que él mismo formaba parte junto al exdirector general Adolf Todó, y una vez ratificados por ese organismo eran llevados al consejo de administración de Caixa Catalunya.
El papel del Frob
Por su parte, el anterior director general de Caixa Catalunya Adolf Todó, que también declaró como imputado, aseguró que el Frob avaló los sueldos de la cúpula directiva de la caja cuando rescató a la entidad con fondos públicos. En su declaración, de una hora de duración, Todó aseguró que el Banco de España estaba informado de los sueldos que cobraba en 2010 la cúpula de la entidad y que estos cobros se adaptaban a las normativas europeas vigentes.
En su declaración, Narcís Serra se negó a responder a las acusaciones populares que ejercen en el caso, la CUP y la asociación de usuarios de banca Ausbanc. El abogado de Ausbanc, Lluís Pineda, que ejerce la acusación popular en la causa, señaló que Serra admitió ante el juez que despachaba a diario los asuntos de la entidad y que fue él quien exigió un "cambio de rumbo" a la nueva dirección, encabezada Adolf Todó. Ante esta situación, Pineda pedirá prisión preventiva para el expresidente por el riesgo de que destruya pruebas.
