La Generalitat negó ayer cualquier trato de favor o subvención a Ryanair en los aeropuertos catalanes de Girona-Costa Brava y Reus.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, aseguró ayer que "nunca se ha dado ningún tipo de subvención a Ryanair en los acuerdos comerciales suscritos con los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus (Tarragona)". Vila respondía así a la investigación que ha abierto la Comisión Europea para determinar si la aerolínea de bajo coste irlandesa recibió ayudas públicas ilegales.
Los acuerdos suscritos entre la Generalitat y Ryanair se remontan a 2011 y fueron firmados durante la anterior legislatura del Gobierno de Mas y con el predecesor de Vila al frente de Política territorial (el consejero Lluís Recoder) como artífice de ese acuerdo.
La irlandesa se defiende
Por su parte, Ryanair defendió el cumplimento de la legislación comunitaria. "El Tribunal de Justicia Europeo en el caso Charleroi en 2008 dictaminó que los contratos entre Ryanair y los aeropuertos europeos, contratos entre partes independientes y que actúan con intereses propios, no constituyen ayudas estatales". La compañía especifica que "la Comisión ni siquiera apeló esta decisión del Tribunal Europeo. Los acuerdos de Ryanair con todos los aeropuertos de la UE cumplen plenamente con las normas de competencia".
Para la Generalitat, los acuerdos existentes (vigentes hasta 2016) apoyan campañas de promoción de los activos turísticos en el entorno de los aeropuertos, "nunca vinculados a los aeropuertos y aún menos a las compañías que operan allí". El consejero indicó que las solicitudes de información (por parte de Bruselas) se vienen realizando desde hace meses y que se han satisfecho con toda transparencia: "Estamos convencidos de que no debe haber ningún tipo de problema", concretó.
Según el Ejecutivo comunitario, "no puede descartar que los acuerdos de comercialización otorguen a las compañías aéreas o a los aeropuertos implicados una ventaja indebida" respecto a sus competidores ni que, por lo tanto, sean incompatibles con el mercado interior.
Los acuerdos que están bajo sospecha contienen diversas condiciones relativas a la presencia y escala de las operaciones de las líneas aéreas en los dos aeropuertos, que gestiona Aena. En el caso del aeropuerto de Girona-Costa Brava, la Generalitat y las instituciones públicas de la provincia se comprometieron a desembolsar 5,8 millones anuales a Ryanair a cambio de que transporte entre tres y cuatro millones de pasajeros al año, mientras que en Reus esta cifra es de 3,2 millones. El Gobierno catalán incluso se comprometió a ceder unos terrenos a Ryanair para construir un hangar.
