Cataluña

Bruselas investiga las subvenciones que otorga la Generalitat a Ryanair

Avión de Ryanair. Archivo

Las ayudas públicas que recibe Ryanair, de nuevo bajo lupa: la Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si los acuerdos que mantienen las aerolíneas de bajo coste, principalmente Ryanair, en los aeropuertos catalanes de Girona-Costa Brava y Reus, constituyen ayudas ilegales. La aerolínea irlandesa, que se nutre principalmente de ayudas de la Generalitat, es el principal operador de ambos aeródromos. Las demandas de Ryanair

El portavoz europeo de Competencia, Antonie Colombani, explicó ayer que "estamos analizando la situación en estos aeropuertos en general, y en particular si los acuerdos entre las autoridades públicas y las compañías podrían suponer una ventaja para los aeródromos".

La irlandesa, dominante

La investigación también se extiende a todas las aerolíneas que allí operan, aunque Ryanair es prácticamente el operador dominante. En el caso del aeropuerto de Girona-Costa Brava, también están implantadas Wizz Air, Transavia y Transaero, mientras que en el caso de Reus, vuelan Jet2 o charters de Thomas Cook. Están bajo sospecha, según la Comisión, los acuerdos de "la publicidad de las regiones afectadas que contienen diversas condiciones relativas a la presencia y escala de las operaciones de las líneas aéreas en los dos aeropuertos".

El último acuerdo que firmó la Generalitat con Ryanair se remonta al 2011. En ese momento, el Gobierno catalán (junto a otras entidades como asociaciones empresariales tanto gerundenses como tarraconenses) se comprometió a destinar 45 millones en un periodo de cinco años. Ryanair también opera en El Prat, pero esta operativa no está subsidiada.

Cuatro millones de pasajeros al año

En el caso del aeropuerto de Girona-Costa Brava, la Generalitat y las instituciones públicas de la provincia se comprometieron a desembolsar 5,8 millones anuales a Ryanair a cambio de que transporte entre tres y cuatro millones de pasajeros al año, mientras que en el caso de Reus esta cifra es de 3,2 millones. El Gobierno catalán incluso se comprometió a ceder unos terrenos a Ryanair para que pudiera construir un hangar para el mantenimiento de aviones en el aeropuerto de Girona.

La situación que ha propiciado la investigación fue denunciada ante Bruselas en mayo de 2012 por una compañía aérea que opera en el aeropuerto de Barcelona y que consideraba que las condiciones obtenidas por Ryanair en los otros dos aeropuertos suponían una "ayuda estatal ilegal".

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