La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha señalado a los primeros culpables en el proceso de deterioro que ha vivido CatalunyaCaixa durante los últimos años y que ha llevado a la entidad a necesitar una inyección multimillonaria de fondos públicos.
El fiscal especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, Fernando Maldonado, presentó ayer una demanda en la que pide la imputación del expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, y del ex director general Adolf Todó, así como de otros 52 miembros del consejo de administración en 2010, por aprobar aumentos retributivos de sus altos cargos pese a la "situación crítica" de la caja.
Según la demanda, los 54 miembros del consejo denunciados aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos "con evidente abuso del cargo", ya que "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".
En opinión del fiscal, en la caja catalana han existido en los últimos años retribuciones e indemnizaciones "desproporcionadas y ajenas a la real situación de insolvencia" de la entidad, por lo que merecen ser investigadas. En su escrito, el fiscal pide la imputación de todos los consejeros por un delito de "administración desleal" al aprobar en enero y en octubre de 2010 sendas resoluciones para aumentar el salario de los miembros del comité de dirección, pese a que, debido a la "situación crítica" y de "insolvencia" de la entidad tuvieron que pedir en julio de aquel año 1.250 millones de euros de ayuda al Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
En la denuncia se remarca que los directivos se subieron las retribuciones variables en contra del criterio de la Comisión Europea, que las consideraba una forma inconveniente de retribuir a los altos directivos "por cuanto para su percepción procuran un beneficio rápido de la entidad, que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados". "Todo ello, denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos", señala la Fiscalía.
El primer acuerdo al que se refiere el fiscal se aprobó el 19 de enero de 2010, con la oposición de una única consejera y la abstención de otros dos, y consistió en aumentar el sueldo variable anual del entonces director general Adolf Todó del 35 al 50 por ciento y de su adjunto, Jaume Massana, del 35 al 45 por ciento. El segundo acuerdo se aprobó el 13 de octubre del mismo año (con siete votos en contra y siete abstenciones) para aumentar el sueldo para el año 2011 de los miembros del comité de dirección, de forma que Todó pasó a cobrar 812.501 euros (frente a los 800.481 que cobraba) y Massana 610.201 (frente a los 598.428).
Según la demanda, Todó ganó en la entidad un total de 4 millones de euros (3,1 en retribución fija y 0,8 en retribución variable) y se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2 millones. El fiscal subraya que pese a que Narcís Serra tenía un cargo representativo en la entidad, recibía "elevados emolumentos en concepto de dietas", que en 2006 llegaron a los 135.707 euros, hasta que entre 2007 y 2010 combinó las dietas con un salario, por lo que pasó a cobrar entre 236.000 y 260.000 anuales.
El fiscal también censura las "millonarias indemnizaciones percibidas" por Lluis Gasul (que cobró 7,4 millones), Ricard Climent (1,3 millones) y Gloria Ausio (1,3 millones).
