Amaga con recurrirla ante el Tribunal Constitucional por invasión de las competencias autonómicas de Cataluña
El conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, amenazó ayer con recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma energética aprobada por el Gobierno al considerar que vulnera algunas competencias de Cataluña en materia energética. La reforma afecta muy negativamente los planes de la Generalitat para crear un "propio modelo energético" para Cataluña, otra de las "estructuras de Estado propio" que tiene el proyecto soberanista de CiU, explicó ayer Puig en rueda de prensa.
El conseller considera que la propuesta del Gobierno "limita" la autonomía de la Generalitat en este área, tal y como reconoce el Estatut. Además, señaló que, en caso de aplicarse, tendrá "graves consecuencias" para la industria catalana. Según argumentó, las empresas catalanas ya están pagando un precio superior en un 25 por ciento por la energía eléctrica, lo que les complica competir en los mercados internacionales. Una nueva subida de la tarifa puede ser la puntilla para muchas de estas empresas que sobreviven gracias a las exportaciones.
Recorte de las inversiones
Junto al aumento de precio, Puig también cree que la reforma provocará que las empresas del sector reduzcan al "mínimo" la inversión, por lo que, si no se corrige su contenido, se generará un "grave problema" de la calidad del suministro eléctrico en los próximos años. También criticó los recortes a la distribución, a los ciclos combinados y a los propietarios de instalaciones de renovables que afectará directamente al desarrollo del mapa eólico catalán, uno de los menos desarrollados de España.
El responsable de Empresa y Empleo ofreció diálogo al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, para introducir cambios en la reforma energética, pero ha pedido una reforma integral del sistema eléctrico e introducir unos precios "más homologados" a los europeos. Puig considera que la reforma tal como se ha diseñado sólo busca recortar el déficit de tarifa eléctrico, lo que genera inseguridad jurídica a los inversores y un aumento de la factura de la luz para empresas y consumidores.
La Generalitat acudirá al TC si la reforma energética no se modifica en el trámite parlamentario.
