El Gobierno catalán aprueba el proyecto de ley que regula el régimen jurídico con la intención de agilizar el registro y la puesta en servicio de nuevos establecimientos, instalaciones o productos industriales, trasladando a la empresa un mayor grado de confianza por parte de la Administración y aumentando su nivel de responsabilidad.
Se modifica el régimen jurídico de los organismos de control, que se liberaliza y pasa del modelo de autorización administrativa a la comunicación previa.
El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley que regula el régimen jurídico aplicable a la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos. El texto define un nuevo marco normativo para la puesta en servicio de instalaciones, establecimientos y productos y para la actividad de los organismos de control, que se caracteriza por el adelanto en la simplificación administrativa y la eliminación de cargas burocráticas para las empresas.
De este modo, se adecúa la regulación de la seguridad industrial a la Directiva de Servicios y a las medidas impulsadas por el Gobierno de Cataluña para agilizar los trámites administrativos y facilitar la actividad económica.
Las empresas titulares de establecimientos, instalaciones o productos sujetos al cumplimiento de especificaciones técnicas obligatorias podrán, con la nueva ley, utilizar la comunicación con declaración responsable como instrumentos para dar de alta sus instalaciones en los registros correspondientes.
El proyecto prevé la sustitución del régimen jurídico de los organismos de control, que pasa del modelo actual de autorización al de comunicación previa y que, por lo tanto, simplifica el acceso a la actividad y facilita el incremento de la competencia. Del mismo modo, se modifican los requisitos iniciales para la prestación de servicios, hecho que facilitará el acceso de nuevos operadores al mercado.
