El secretario de Empresa y Competividad de la Generalitat, Pere Torres, ha mostrado este viernes el rechazo al anteproyecto de ley porque considera no es un instrumento para estimular la economía y "pretende anular la capacidad legislativa y de ejecución de las comunidades".
Ante la aprobación del anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado por parte del Consejo de Ministros, el secretario de empresa y Competitividad del departamento de empresa y Ocupación, Pere Torres, ha mostrado el rechazo del Gobierno a la propuesta y ha avanzado que "si finalmente supera la tramitación en el Congreso y en el Senado, hará falta utiltzar todos los instrumentos legales porque no entre en vigor".
Torres ha negado que este anteproyecto de ley sea un instrumento para estimular la economía. "Es un instrumento que modifica radicalmente el sistema de distribución competencial del Estado autonómico vigente y, con la excusa de dinamizar la economía, pretende anular la capacidad legislativa y de ejecución de las Comunidades Autónomas", ha analizado.
El secretario de empresa y Competitividad ha desvinculado totalmente el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado de la simplificación administrativa: "La simplificación administrativa quiere decir reducir trámites porque las empresas puedan llevar a cabo su actividad con menos trabas, labor que la Generalitat ya está llevando a cabo; esta iniciativa legal, en cambio, busca la homogeneización de las autonomías y su subordinación a los designios de la administración general del Estado".
En este sentido, ha recordado que la diversidad competencial existente en el Estado español tiene cabida dentro del marco de la Directiva europea de Servicios y de las otras directivas que fijan el marco normativo que garantiza el mercado único interior de la UE.
Finalmente, Torres también ha lamentado que la entrada en vigor de esta normativa supondrá que los estándares de calidad "los marque la comunidad autónoma que fije el nivel normativo más bajo, sin tener en cuenta que otras comunidades hayan podido ejercer su capacidad de autogobierno para optar a un mayor nivel de protección de las personas y su calidad de vida". "Esto quizás puede parecer bien a algunas comunidades autónomas, pero no en Cataluña", ha añadido.
