El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha defendido este viernes la supervivencia de este organismo pese a que la reforma local impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy recomienda la supresión de los defensores del pueblo autonómicos.
Para defender la necesidad de mantener la sindicatura ha cargado, en rueda de prensa, contra la ineficiencia del Defensor del Pueblo en comparación con la actividad del Síndic en Cataluña, y ha presentado un informe para avalar sus tesis en contra una reforma local que es un "atentado" contra varios principios democráticos.
En primer lugar, Ribó ha defendido que entre 2009 y 2013 su sindicatura ha reducido el presupuesto en un 32,92 por ciento --de 8,8 millones de euros a 5,9--, mientras que el Defensor del Pueblo lo ha hecho en un 12,14 por ciento --de 15,9 millones a 14--, según datos oficiales de ambos organismos.
Además, el informe presentado por el Síndic esgrime que, de las 25.073 actuaciones que su organismo hizo en 2012, solo 267 quejas fueron inadmitidas y 3.635 acabaron en recomendaciones a la administración, mientras que en el caso del Defensor atendió 33.849 casos, de los que más de 20.000 fueron inadmitidos y solo se formularon 548 recomendaciones.
Comparando el presupuesto de las dos instituciones y el volumen de trabajo que desempeñan, el informe del Síndic concluye que el Defensor del Pueblo tiene un coste por recomendación hecha a la administración de 26.447 euros, por los 1.925 del Síndic de Greuges.
Ribó ha asegurado que la reforma local del Gobierno se basa en un informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que carece de solidez, que apela ha datos que han sido "manipulados", que atenta a principios como el de autonomía y al derecho a una buena administración, y engaña a la opinión pública.
"Tergiversan la realidad y esconden datos para hacer prevalecer sus tesis. Hay una maldad metodológica en el informe de la CORA que no se le debería permitir ni a un alumno de Bachillerato", ha concluido Ribó.
El Síndic ha asegurado que su compromiso con la racionalización administrativa es total, pero ha concluido que la reforma local del Gobierno solo responde a una fijación por recentralizar, y ha asegurado que, de prosperar la reforma, España sería la "única democracia del mundo" con el poder descentralizado territorialmente que prescindiría de su síndicos territoriales.
