La Sindicatura de Cuentas, organismo fiscalizador de la administración pública, ha calculado que los cerca de 900 inmuebles que pertenecen a la Fundación patrimonial Privada del Hospital Sant Pau de Barcelona tienen un valor "probablemente" superior a los 200 millones de euros.
En una comparecencia en el Parlament para presentar dos informes sobre la construcción del nuevo hospital y la situación financiera de la entidad, centrados en el ejercicio 2009 y que ya fueron publicados en enero de este año, el síndic Andreu Morillas ha precisado que la Sindicatura no ha estudiado ni fiscalizado este patrimonio, aunque ha dado por hecho que su contabilización en los resultados financieros tendrían "una incidencia importante sobre el balance", históricamente negativo.
Morillas ha explicado que en 2009 la fundación desconocía con exactitud del valor real de su patrimonio porque no estaba valorado con criterios homogéneos --algunos reflejaban el valor catastral, otras el valor que tenía en el momento que pasaron a formar parte del patrimonio fruto de donaciones particulares--, y por ello le consta que el hospital inició ese año la elaboración de un inventario detallado.
Detrás de esta estructura --gestión privada del patrimonio y pública de la atención sanitaria-- recae parte del conflicto actual, que el comité de empresa ha llevado a los tribunales y que se ha cobrado la dimisión en bloque de los gestores del hospital un año después de ser nombrados, además de la posible convocatoria de un concurso de acreedores. SOBRECOSTE DEL 21,5%
Los informes de la Sindicatura ponen de manifiesto que las obras del nuevo hospital tuvieron un sobrecoste del 21,5%, ya que los adjudicatarios facturaron 217 millones de euros para su construcción en cuatro fases, frente a los 178,5 millones que sumaban los contratos iniciales, un aumento del precio final que se justificó por trabajos adicionales, revisión de precios, liquidación de intereses e indemnizaciones derivadas de la tardanza en ejecutar las obras.
Los trabajos señalan también que la adjudicación de algunos contratos no respetaron los principios de publicidad y transparencia exigidos por la normativa, lo que conforma una serie de elementos que, de hecho, han llevado a la imputación en los tribunales de una quincena de exaltos cargos del centro.
Morillas ha indicado, a preguntas de los diputados sobre la arquitectura de la fundación --el Hospital Sant Pau está dividido en tres fundaciones: una que gestiona el patrimonio, otra de gestión sanitaria y una tercera de investigación--, que no tiene "ninguna duda" de que el centro pertenece al sector público.
David Bonvehí (CiU), Alba Vergés (ERC), Jordi Terrades (PSC), María José García (PP), David Companyon (ICV-EUiA) y José Manuel Villegas (C's), han coincidido, a tenor de los informes, en la necesidad de mejorar la transparencia y la gobernanza del hospital.
