El texto de las alegaciones especifica que "el derecho a decidir del pueblo de Cataluña únicamente tiene efectos políticos, y no incide en el ordenamiento jurídico".
El Parlamento catalán ha defendido ante el Tribunal Constitucional (TC) que la declaración soberanista constituye un ejercicio de "libertad de expresión" y "pluralismo político", por lo que en sus alegaciones pide que sea levantada la suspensión.
Según indica el texto de las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos del Parlament, la declaración de soberanía de Cataluña aprobada el pasado 23 de enero por mayoría absoluta de la Cámara "expresa una voluntad política" y "no tiene efectos jurídicos" puesto que se trata de un ejercicio "de la libertad de expresión" y del "pluralismo político".
Ambos derechos, señala el texto, "son principios democráticos esenciales del sistema constitucional" y la declaración se corresponde con "un acto parlamentario aprobado en ejercicio de la función de impulso de la acción política y de gobierno", motivo por el cual el Parlament pide al TC que rechace la impugnación del Gobierno español y levante la suspensión.
La declaración en la que se expresa "el derecho a decidir del pueblo de Cataluña" únicamente tiene "un alcance y unos efectos políticos", subraya, y "no incide en el ordenamiento jurídico", y por ello "el ejercicio de la función parlamentaria no está limitado por el principio de legalidad constitucional".
Su finalidad, precisa, "es expresar una voluntad política de iniciar un proceso político" de acuerdo con los principios que la misma resolución menciona: soberanía, legitimidad democrática, transparencia, diálogo, cohesión social, europeísmo, legalidad, papel principal del Parlament y participación.
Por este motivo, pide el levantamiento "inmediato" de la suspensión y señala: "no tiene precedentes en la jurisprudencia del TC y, llevada al extremo, puede producir una suspensión de la libertad de debate político, en ningún caso amparada por la Constitución".
El Parlament argumenta que una declaración "no altera la legalidad vigente, porque el principio de legalidad al que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos lo definen las leyes y otros actos de naturaleza normativa".
"Tal como ha señalado el TC en diversas ocasiones las resoluciones que son fruto de la función de impulso de la acción política y de gobierno no tienen efectos jurídicos vinculantes", recuerda el Parlament en sus alegaciones firmadas por la secretaria general y el letrado mayor, Imma Folchi y Antoni Bayona, respectivamente.
"El Parlament podía aprobar una declaración -añade- porque expresa una voluntad política amparada en el principio democrático, totalmente coherente con el apoyo electoral recibido de los ciudadanos, y porque la expresión de una voluntad política no tiene por qué coincidir con el marco constitucional vigente, si se hace mediante un instrumento que no tiene poder ni efectos para producir una vulneración constitucional".
