El doctor en Derecho y vecino de Sallent (Barcelona) Sebastià Estradé ha denunciado al Reino de España ante la Comisión Europea (CE) por la ?falta de control y vigilancia? de la Generalitat ante los incumplimientos medioambientales de la empresa Iberpotash, filial de la multinacional israelí ICL y propietaria de las minas de potasa de Suria. El denunciante argumenta que la administración catalana, que depende del Estado, ha actuado con ?cobardía? en sus exigencias legales a Iberpotash.
Estradé pide a la Generalitat que obligue a Iberpotash a depositar una fianza de 120 millones de euros hasta el año 2035 para garantizar que la compañía llevará a cabo un plan de restauración de los residuos salinos que se han acumulado durante décadas en la zona y que han formado una montaña de sal comparable a la del Tibidabo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya dio la razón a Estradé en 2011 con una sentencia que obligaba a la Generalitat a reclamar a la compañía medidas adicionales para corregir los daños ambientales. Ante este fallo, Iberpotash ha optado por presentar recursos constantes para impedir la ejecución de este fallo.
Tras una sentencia del TSJC, la Generalitat propuso a principios de este mes una fianza de 13,9 millones de euros con un descuento del 50 por ciento, lo que obligaba a Iberpotash a hacer efectivo sólo unos seis millones de euros.
Estradé considera esta cifra irrisoria y por ese motivo ha incorporado a la denuncia un informe medioambiental elaborado por Ramón Folch sobre el impacto de la actividad de Iberpotash en la comarca del Bages (Barcelona) que cifra el coste mínimo de restauración en 120 millones. El denunciante atribuye a ?mala fe? a Iberpotash ?en el incumplimiento de sus obligaciones legales de prevenir y gestionar los residuos salinos derivados de su actividad extractiva de potasa?.
El informe dirigido por el experto Ramón Folch sostiene que la Agencia Catalana del Agua ha invertido un total de 197,8 millones en las últimas tres décadas para paliar la salinización de las aguas del Llobregat y de su afluente el Cardener, abastecedores de agua al área metropolitana de Barcelona, para paliar el impacto de la actividad de las minas de potasa de Iberpotash.
