La crisis de La Seda de Barcelona ha llegado a los despachos del Gobierno de Artur Mas. La Generalitat, que forma parte de los acreedores de La Seda a través del Insitut Català de Finances (ICF), ha presionado al grupo portugués BA Vidro y a su presidente Carlos Moreira para que presente un plan industrial que garantice el futuro de la histórica compañía.
BA Vidro controla el 20 por ciento del capital de La Seda tras haber invertido en la compañía unos 65 millones de euros, lo que le convierte en el primer accionista de la empresa. Sin embargo, Moreira presentó hace diez días su dimisión como presidente de La Seda una vez que los acreedores no aceptaron su plan industrial. Tras su renuncia, también dimitieron el director general y la directora financiera, lo que ha dejado solo al frente de la gestión al vicepresidente, José Luis Morlanes (que ejerce de presidente en funciones pese a estar imputado por la juez en un presunto desvío de fondos de la compañía).
Como alternativa a BA Vidro, el fondo buitre norteamericano Anchorage es propietario de 100 millones de euros de deuda de La Seda y propone capitalizar esa deuda previa reducción a cero del capital de la empresa. Esa operación le otorgaría el control de más del 60 por ciento del capital y tendría las manos libres para trocear la compañía y venderla por partes.
Hoy se presenta el plan
Ante esta coyuntura, la Generalitat ha preferido volver a llamar a la puerta de BA Vidro para que presente un nuevo plan industrial para La Seda. El último contemplaba una ampliación de capital por valor de 40 millones de euros que serían aportados por el grupo portugués, lo que le otorgaría el control de la sociedad. En este caso, los bancos acreedores (incluido Anchorage) sólo tendrían el 20 por ciento del capital.
Hoy está previsto que Moreira presente la nueva alternativa que le ha reclamado la Generalitat.
