CiU recordó ayer al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que no se podrá celebrar una consulta de autodeterminación si antes no se aprueban en el Parlament los presupuestos catalanes para 2013. "Una cosa va ligada a la otra. La Generalitat garantiza a ERC que el referéndum será en 2014 y reitera su ofrecimiento
Si queremos convocar una consulta tenemos que disponer de un Govern que la convoque, y para que haya Govern tiene que haber unos presupuestos y una estabilidad parlamentaria", dijo el consejero de Presidencia, Francesc Homs, a los republicanos.
Respecto a la exigencia de ERC de fijar una fecha concreta para la consulta de autodeterminación como condición indispensable para entrar a formar parte del Ejecutivo de la Generalitat, Homs criticó las prisas de los republicanos y reivindicó el cumplimiento del pacto de legislatura entre ambas formaciones. "Establecimos un calendario concreto y un modus operandi para llegar allí que implica un montón de cosas. Sin este trabajo previo no puede haber consulta, ni en 2014 ni nunca", sentenció.
Deuda con proveedores
Por otro lado, ayer seis entidades proveedoras de los sectores de la salud y atención a la dependencia denunciaron que la Generalitat les debe unos 1.390 millones de euros por las actividades realizadas al año 2012 y lo que llevamos de 2013. En un comunicado conjunto, estas entidades especifican que el CatSalut ha dejado de hacer efectivos 840 millones de euros a las entidades sanitarias, el departamento de Bienestar Social y Familia debe 280 millones y la deuda con las farmacias es de unos 270 millones de euros, cifra que incluye el último atraso desde 2011, lo que en total suma 1.390 millones de deuda.
Según cifras facilitadas por estas patronales, el coste financiero de estos atrasos se estima en 38 millones de euros en intereses, una situación que "pone en grave riesgo la suficiencia financiera de las entidades y farmacias, que se encuentran al límite de disposición de sus pólizas de crédito y muchas dificultades para ampliarlas".
Las patronales Consorcio de Salud y Social de Cataluña, la Unión Catalana de Hospitales, el Consejo del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, Fenin Cataluña, Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) y ACRA son las firmantes del comunicado, en el que aseguran entender que "esta situación excepcional se enmarca en un contexto de un grave problema de disponibilidad financiera y de tesorería".
Por su parte, el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, reconoció ayer en el Parlament que la administración catalana debía al cierre del año pasado un total de 1.595,7 millones de euros a proveedores y contratistas. Según Mas-Colell se trata de un dato "provisional", pendiente del cierre contable del ejercicio.
En cuanto a los pagos pendientes de realizar a proveedores y contratistas de los entes, entidades y empresas que forman parte del sector público de la Generalitat, Mas-Colell aseguró a una pregunta del portavoz parlamentario del PP, Enric Millo, que aún no dispone de esta información.
ERC quiere una fecha concreta
