El Consejo Social de la UPC ha ratificado la decisión del Consejo de Gobierno del centro de despedir a 222 empleados --90 trabajadores interino y 132 docentes asociados--, además de un recorte del 10,4% en el presupuesto para 2013.
La ratificación se ha hecho con nueve votos a favor, una abstención y tres votos en contra, mientras que dos de los 15 miembros que forman el Consejo Social no han podido asistir a la reunión, han confirmado a Europa Press fuentes de la UPC.
Estaba previsto que el encuentro se produjera en el edificio del rectorado de la UPC, aunque a última hora de este lunes la dirección del centro optó por cambiar el lugar del encuentro, que finalmente se ha producido en el Consejo Interuniversitario de Catalunya, en la Via Laietana.
Durante el transcurso de la reunión, unos 200 estudiantes y docentes se han manifestado contra los despidos y los recortes presupuestarios, ha afirmado a Europa Press la presidenta de la Junta de Personal Pas funcionario de la UPC por CC.OO., Alicia Fernández.
"Han cambiado el lugar de reunión a última hora para que no nos diera tiempo a reaccionar y fuéramos pocos protestando", ha criticado Fernández, que ha lamentado que el Consejo Social de la UPC no se haya celebrado en el edifico del rectorado, tal y como es habitual en este tipo de encuentros.
GENERALITAT Y ESTADO
El presupuesto de la UPC para este año será de 278,4 millones de euros, cifra desencadenada tras la reducción de fondos de la Generalitat de un 11,3% y del 30% por parte del Estado, si bien han incrementado los ingresos de las matrículas vinculados al IPC.
Ante estas cifras, el Consejo de Gobierno del centro ha acordado con la Generalitat canalizar el déficit del 2012 fuera del presupuesto de este año, a cambio de la puesta en marcha de un plan de equilibrio y sostenibilidad financiera, puesto que si no, tendría una "repercusión grave sobre la universidad".
Sobre este acuerdo, el centro ha detallado que el presupuesto 2013 está condicionado por el déficit del 2012 de 10,9 millones de euros, que según la legislación vigente, debería sumarse al de 2013, pero para evitarlo se ha negociado con el Govern la elaboración del citado plan que permitirá "corregir la situación de déficit y garantizar su viabilidad y autonomía financiera".
Este plan prevé disminuir la actividad de "las unidades que no sean imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad docente, de investigación y de transferencia de conocimiento", con la reorganización, disminución y fusión de estructuras para facilitar el ahorro.
Además, contempla incrementar las medidas de ahorro energético con el cierre de todos los centros y unidades durante determinados periodos no lectivos, así como la rebaja de las partidas de ingresos y gastos genéricos "hasta lograr el equilibrio del presupuesto".
