La titular del juzgado de instrucción número 3 de El Prat (Barcelona), Sandra García, ha admitido la petición del fiscal y ha decidido imputar al vicepresidente de La Seda, José Luis Moralanes, y al administrador de Quad Inversiones, Antonio Martín Rosa, por el presunto desvío de 2,5 millones de euros de la química catalana a las sociedades Quat Inversiones e Iter Metropolità, donde Morlanes consta como administrador.
La juez ha tomado esta decisión después de leer la petición presentada por el fiscal provincial de Barcelona, Francisco Bañeras, en el que asegura que un informe de la Agencia Tributaria sobre la posible comisión de delitos fiscales en el grupo Provimola (que incluye las sociedades Nuevo Sol Granadella y Nuevo Sol Ibiza) aporta datos muy relevantes sobre "las operaciones que son objeto de investigación en el presente procedimiento" y "aparece otra nueva operación, no contemplada en la querella inicial, la cual presenta indicios relevantes de que tras la misma se oculte otro acto de apropiación de fondos de la mercantil La Seda".
Por el momento, la juez no ha imputado a los administradores de Provimola, Ramón Valenzuela Milla y Ángel Gómez González, y el de Nuevo Sol Granadella, Emilio Rivas Valls, como pedía el fiscal.
Los hechos según el fiscal
Según el relato del fiscal, en 2007, La Seda "aportó a su filial Inmoseda una finca sita en El Prat de Llobregat, en concepto de aportación no dineraria en desembolso de capital social". Morlanes era el responsable de los asuntos inmobiliarios de La Seda. En paralelo, La Seda otorgó a otra de sus filiales, Jatroil, un préstamo de más de 17 millones cuyo importe fue entregado por Jatroil a Nuevo Sol Granadella (NSG). Tres semanas después de esa operación, NSG suscribió un contrato con Quat por el que Quat se comprometía a vender a NSG "el 50 por ciento de los derechos que ostentaba sobre la finca de El Prat por un precio total del 15,7 millones de euros". NSG pagó a Quat un total de 2.047.466 euros y aunque, finalmente, la operación de venta de la finca no se llegó a realizar, NSG contabilizó el pago y los dos millones "acabaron en el ámbito de Quat, sin que conste que esta firma tuviese causa legítima para percibirlos ni que haya procedido a su restitución",asegura.
El fiscal también señala que completando esta operación "NSG contabilizó una salida de 500.000 euros más IVA contra facturas presentadas por la entidad Iter Metropolità, de fechas 21/408 y 28/1/09, ambas por el concepto de pago del 50 por ciento de honorarios devengados por la gestión de la compra de la parcela de El Prat propiedad de Quat Inversiones". El administrador de Iter Metropolità es, en diferentes etapas, Morlanes o su esposa. Al no realizarse la venta, parece que Iter contabilizó las facturas como devueltas en octubre de 2009, pero el fiscal duda de que "dadas las particulares circunstancias de las operaciones y [...] la vinculación del responsable de Iter con La Seda [Morlanes ], es preciso acreditar que efectivamente esa devolución se llevó a cabo con fondos de la propia Iter y no con fondos de La Seda", sobre todo "teniendo en cuenta que no se advierte cuáles pueden ser los servicios de gestión de compra cuando el vendedor y el prestador del servicio son la misma persona", en alusión al extraño papel desempeñado por Morlanes.
