La Generalitat pondrá en marcha una nueva ley de gobiernos locales que conllevará la supresión de empresas públicas y sociedades ligadas a consejos comarcales, así como la supresión de más de un millar de sus cargos remunerados.
Según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno catalán y consejera de Gobernación, Joana Ortega, el objetivo que persigue esta nueva legislación es ahorrar entre 1.000 y 1.100 millones de euros. En este sentido, especificó que la situación de crisis, la falta de recursos que sufre la Generalitat y los ayuntamientos y la necesaria reducción del gasto publico obligan a aprobar "una amplia reordenación del mundo local", lo que incluirá "un plan de inversión local de Cataluña" basado en criterios de austeridad y eficiencia.
En la futura Ley de Gobiernos Locales, precisó Ortega, los ayuntamientos catalanes de menos de 5.000 habitantes "verán delegados de forma automática algunos servicios en la comarca" (el consejo comarcal correspondiente).
La vicepresidenta también se refirió ayer a la nueva ley de bases de régimen local que tramita el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que supone un "ataque" contra el modelo municipal de Cataluña, por lo que la Generalitat "no cederá" sus competencias en la materia bajo ningún concepto. Tal como especificó, "lo que hay que hacer para reducir gastos es reforzar e incrementar los servicios mancomunados entre diversos ayuntamientos".
Los ayuntamientos cumplen
Aunque Hacienda apenas dejó margen para el déficit a la Administración local (un 0,3 por ciento del PIB), y el resultado en 2012 ha sido incluso mejor de lo previsto, ya que Hacienda estima que los ayuntamientos terminaron en equilibrio. Ahora bien, fuentes de ese departamento reconocen que son los grandes municipios los que han salvado las cuentas conjuntas. Recurriendo a un juego de palabras, desde el Ministerio ponen de manifiesto que "tras el equilibrio general hay un fuerte desequilibrio interno". En otras palabras, las ciudades más grandes se encuentran incluso en situación de superávit presupuestario, mientras que muchos pequeños consistorios ven sus cuentas lastradas por abultados números rojos.
La combinación de ambos extremos, con todo, ha dado lugar al equilibrio. O lo que es lo mismo, el margen de desviación contable de más de 3.000 millones que el Gobierno previó para el ámbito local no ha tenido que ser aprovechado.
En lugar de eso ha podido utilizarse para paliar los excesos que hayan podido darse en otras ramas de la Administración, en especial en las comunidades autónomas y en la Seguridad Social. Si a ello se le suman los buenos resultados que han arrojado las cuentas del Estado, casi desde el principio del ejercicio, el resultado es el déficit de menos del 7 por ciento del que presumió el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación de esta semana. Esa cifra está por encima del tope del 6,3 por ciento del PIB que la Comisión Europea exigía a España en 2012.
