La Plataforma Aigua és Vida (formada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, Ingeniería sin Fronteras y Ecologistas en Acción) entregó ayer a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre el negocio del agua en Barcelona para que investigue los indicios de presunta prevaricación del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), así como una posible apropiación indebida por parte de la empresa privada Agbar.
A finales de 2010 una sentencia judicial puso de manifiesto que entre Agbar y la Administración "ni hay adjudicación del servicio ni hay contrato", es decir, que "la actuación de Agbar en cuanto que concesionaria del servicio es una actuación ilegítima" y, por lo tanto, "el precio -del agua- es ilegal". Por ese motivo, la sentencia ponía en entredicho el lucro indebido de Agbar pagado por todos los ciudadanos. También se cuestionaba que los gobernantes estuvieran velando por el interés general de la ciudadanía y por los servicios púbicos de agua, que son garantía de los derechos fundamentales. La propia sentencia constataba que existía "una quiebra generalizada de las garantías procedimentales que asisten a los usuarios del servicio".
Recogida de firmas
La Plataforma Aigua és Vida denuncia que después de haber intentado dialogar con el Ayuntamiento y la AMB no ha conseguido ni una sola prueba que acredite la gestión llevada a cabo por Agbar en Barcelona, y aseguran que podrían existir presuntos delitos penales. Eloi Badia, miembro de la plataforma, aseguró ayer que "este proceso evidencia la situación de total anormalidad que viven prácticamente todos los municipios del área metropolitana abastecidos por Agbar".
Los activistas han iniciado también una recogida de firmas online para exigir el esclarecimiento de la situación de la gestión del agua y acabar con la posible corrupción.
