La Generalitat llevará finalmente al Tribunal Constitucional (TC) el real decreto ley sanitario aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril del año pasado. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, en declaraciones a TV3.
El consejero ha precisado que la decisión la han tomado al considerar que el decreto "vulnera competencias y la atención sanitaria que recoge la Constitución", al excluir a inmigrantes 'sin papeles' del sistema de la atención no urgente y vincular la tarjeta sanitaria a haber cotizado a la Seguridad Social.
A pesar de ello, una propuesta de PSC, ERC e ICV-EUiA que solicitó hace seis meses recurrir al TC la medida fue rechazada en la cámara catalana con los votos de CiU y PP --el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya sí apreció elementos de inconstitucionalidad--, una decisión que la federación nacionalista justificó entonces porque apreciaron voluntad de diálogo de la ministra Ana Mato y posibilidades de negociar cambios.
Los cambios no fueron introducidos y Cataluña anunció en agosto que no aplicaría el decreto tal y como estaba redactado, al seguir atendido en el sistema público a las 600.000 personas del servicio no urgente que debían quedar excluidas con la nueva ley, una condición que vinculaba a tener acreditada una estancia en Cataluña de más de tres meses.
Cataluña se suma de este modo a los recursos ya presentados ante el TC por País Vasco, Andalucía, Navarra y Asturias contra el mismo decreto ley, que fue aprobado por el Gobierno con la previsión de ahorrar unos 500 millones de euros.
