El Gobierno catalán considera que los 1.000 millones de euros que cobró a Acciona por la privatización de la empresa pública Aigües Ter- Llobregat (ATLL), y con los que cuenta para reducir el déficit en 2012, no "peligran".
Aunque la Generalitat sólo ha recibido 298 millones de Acciona y sus socios, el ejecutivo catalán prevé recibir en los próximos 50 años los otros 700 millones en concepto de canon anual de la concesión. La Generalitat está a la espera de la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado para poder usar todo el monto de la privatización (esos casi 1.000 millones) para reducir el déficit de 2012 y dejarlo en el 1,5 por ciento que les ha exigido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El Gobierno que preside Artur Mas considera que podrá apuntarse contablemente toda esa cantidad, a pesar del conflicto legal a cuenta de la adjudicación de Aigües Ter- Llobregat. El propio Ejecutivo ha recurrido por la vía contencioso-administrativa la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito al Departamento de Presidencia de la propia Generalitat, que da la razón a Agbar frente a Acciona en la pugna por la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat.
Serán los tribunales quienes decidan sobre la validez del concurso y la adjudicación. Si tal y como defiende el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat, la oferta de Acciona no se ajusta a las exigencia del concurso, el juez podría otorgar la concesión a 50 años a Aguas de Barcelona (Agbar) que fue la única empresa que presentó una oferta alternativa. En ese caso, Agbar debería abonar la misma cantidad que pagó Acciona y la Generalitat no tendría nuevos problemas para contabilizar los mil millones.
El problema surge si el juez decide anular el concurso y ordena su repetición. En ese caso, la Generalitat tendría, entre otros problemas, dificultades para contabilizar los ingresos y cuadrar sus cuentas. Además, debería devolver lo abonado por Acciona. La constructora que preside José Manuel Entrecanales ya ha adelantado que quiere seguir con la gestión de Aigües Ter-Llobregat ya que considera que el contrato firmado tiene plana validez. Sin embargo, también ha anunciado que, en caso de que se le retire la adjudicación, reclamará la cantidad pagada y exigirá a la Generalitat daños y perjuicios.
El PSC presentará en el Parlament una propuesta de resolución en la que reclaman que se anule la privatización de Aigües Ter-Llobregat y que la compañía vuelva a ser pública. El primer secretario del PSC, Pere Navarro, señaló ayer que es "incomprensible y escandaloso" que un organismo de la propia Generalitat haya indicado que la venta a Acciona este diciembre no se ha hecho bien.
