El juez cree que el abogado contabilizó gastos personales a través de sociedades, pero esos hechos "no son delito"
La Fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso contra el archivo de la causa por la que se acusaba al abogado y asesor fiscal Emilio Cuatrecasas por un presunto delito de fraude fiscal de 3,7 millones de euros. El titular del Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona archivó la causa a finales de noviembre, por considerar que no había fraude fiscal en una serie de operaciones con las que, según el fiscal, consiguió deducciones en la contabilidad evitando la tributación de IRPF y del impuesto sobre el Patrimonio, Sociedades e IVA.
Según la Fiscalía, Cuatrecasas creó en 1991 una sucesión de negocios "simulados" con los que eludía pagar impuestos. El mecanismo para conseguirlo era incluir dentro del patrimonio de la empresa Emesa, que él dirigía, bienes de uso y de disfrute personal y familiar, y que a continuación fingía que él alquilaba a la empresa. Entre esos gastos figuraban el mantenimiento de varias viviendas, un barco de recreo, mobiliario y viajes.
A finales de septiembre, el abogado y asesor fiscal declaró como imputado ante el juez que esta acusación sobre él se debía a "una diferencia de interpretación" de Hacienda sobre sus declaraciones tributarias, según explicó a los medios de comunicación al salir del juzgado. En el interrogatorio también defendió que los gastos familiares de carácter privado que supuestamente vinculó a su actividad empresarial eran "mercantiles" y no personales.
La decisión judicial
El pasado 22 de noviembre, el juez dictó el "sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias previas por no ser los hechos constitutivos de delito alguno". Además, en el auto, el magistrado criticó la actuación de la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal por haber recurrido a la vía penal en lugar de la administrativa utilizando "artificios interpretativos". En su opinión, Cuatrecasas podría haber contabilizado y declarado gastos personales a través de las sociedades investigadas, pero eso "no implica engaño ni supone, por tanto, conducta defraudatoria", ya que los bienes sobre los que se aplicaban esos gastos sí estaban a nombre de la empresa y se declaraban.