La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que si Cataluña llegase a convocar un referéndum sobre su independencia, el intento quedará anulado "nada más con que lo pida el Gobierno" al Tribunal Constitucional. La vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo puede parar esa consulta ciudadana, y adujo que "no sólo hay instrumentos jurídicos e institucionales para pararlo, sino que hay un Gobierno que está dispuesto a usarlos".
Para la vicepresidenta, la consulta "no sería conforme a la Constitución", ya que "afectaría al conjunto del pueblo español" y, por lo tanto, "habría que preguntarles a todos y cada uno de los españoles" sobre la posible separación de esta Comunidad del resto del país.
Sáenz de Santamaría se expresaba así en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Al mismo tiempo, el Parlament aprobaba la resolución de CiU y ERC para convocar, prioritariamente durante la próxima legislatura, una consulta independentista para que los catalanes puedan determinar "libre y democráticamente su futuro colectivo". La resolución votada en la última sesión del Debate de Política General fue aprobada por 84 votos a favor de los 131 emitidos. CiU, ERC, SI y ICV votaron a favor, mientras que el PSC se abstuvo, ya que defiende negociar la consulta con el Gobierno del Estado para que esta sea legal. Mientras, tanto el PP como Ciutatans votaron en contra. Tras la votación, las Cortes catalanas se disolvieron.
Por otro lado, el sindicato catalán Unió de Pagesos, que reúne a la mayoría de agricultores y ganaderos de Cataluña, alertó ayer de que entre sus afiliados existe temor sobre lo que ocurriría con las subvenciones que la Unión Europea (UE) da al sector en caso de que Cataluña declarase su independencia. Aproximadamente el 30 por ciento de la renta agraria de los payeses catalanes procede de las ayudas públicas, principalmente de la UE. Los agricultores exigen al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que aclare el futuro de esas ayudas.
Según reconoció el coordinador general del sindicato Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, "hay una cierta preocupación por saber si saliendo de España perderemos los derechos que tenemos ahora como miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, si se dejarían de percibir las ayudas y subvenciones actuales. Tenemos técnicos que lo están estudiando porque sería la primera vez que una región sale de un Estado miembro de la UE y no sabemos qué pasaría". Las dudas de Unió de Pagesos son muy significativas, ya que es una organización que se define como un "sindicato nacional catalán".
Alemany enciende las alarmas
Anoche el presidente de Abertis, Salvador Alemany, alertó del conflicto que se avecina y aseguró que "a los empresarios nos afecta y no estamos tranquilos", Alemany, que también es el presidente del consejo asesor del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en materia económica, avisó que una vez enterrado el Pacto Fiscal "a los empresarios se les presenta una situación compleja, durante el duelo entre Administraciones, sobre qué pasará con su actividad".
