El ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha preparado en los días previos a la reunión una "respuesta razonada" a la petición de pacto fiscal que les ha hecho el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Los asesores de Rajoy en Moncloa preparan argumentos legales basados en la Constitución y en la Ley de financiación de las comunidades autónomas (la Lofca, que tiene rango de ley orgánica) para frenar las demandas del presidente catalán.
Sin embargo, previsiblemente, la negativa de Rajoy a Mas no será rotunda. Será una respuesta "a la gallega". Ayer mismo, en el Congreso, el presidente del Gobierno aseguró con claridad que no está de acuerdo con el modelo de concierto fiscal que pide Cataluña, pero también admitió que está dispuesto a renegociar el sistema de financiación de Cataluña, algo que todos los gobiernos españoles han ido haciendo durante las últimas décadas.
Sin embargo, también dejó muy claro una cosa: "ahora no es el momento" de reclamar esas mejoras de la financiación. Según el Gobierno, la caja está vacía y no hay nada que repartir.
¿Qué le puede ofrecer Rajoy a Mas para intentar convencerlo de que hay voluntad de negociación y qué rectifique el posicionamiento de CiU a favor de la independencia de Cataluña?
Un trato singularizado
Uno de los puntos básicos que reclama Mas en su pacto fiscal es un trato singular y bilateral para Cataluña.
Según los borradores de trabajo que maneja el PP, "ante la disyuntiva entre una nueva evolución del sistema de financiación aplicable en 2014 que sólo suponga una pequeña mejora en relación al modelo anterior o un nuevo modelo propio fuera del régimen común con recaudación de todos los impuestos y Agencia Tributaria propia, planteamos una tercera vía que es un modelo sustancialmente evolucionado y singularizado para Cataluña (articulado dentro de la Lofca, sin salir del régimen común establecido en la Constitución) y evitando un escenario de enfrentamiento".
Los populares reconocen que el nuevo modelo debe resolver "el problema sistémico de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender las competencias de su autogobierno" y "ha de estar ligado a la capacidad de crecer y crear riqueza".
Más corresponsabilidad
Los documentos del trabajo que manejan los asesores de Rajoy establecen varios puntos básicos de su oferta. La más atractiva para seducir a CiU es el "incremento de la corresponsabilidad fiscal de Cataluña con el Estado". Este aumento de la corresponsabilidad se produciría a través de tres vías.
La primera, el "incremento de los impuestos cedidos, en el marco de un modelo propio". Es decir, Cataluña podría recibir la cesión de impuestos que otras comunidades no tendrían cedidos, siempre dentro de la Lofca.
La segunda, "el incremento de la participación en la cesta de impuestos", que también se podría producir de manera singular para Cataluña. Finalmente, otorgar "máxima capacidad normativa en los impuestos cedidos y transferidos", a la Generalitat, con el objetivo de que la Administración catalana podría subir y bajar los tipos en función de sus intereses, necesidades y voluntad política.
Hacienda compartida
La propuesta del PP habla de una "Agencia Tributaria catalana con capacidad de gestión e inspección de los tributos propios, cedidos y transferidos, con estricta cooperación con la Agencia Tributaria del Estado". Este modelo no difiere mucho del actual, ya que Cataluña ya cuenta con una Agencia Tributaria propia.
La novedad reside en que tendría mayor capacidad de gestión e inspección sobre todas las figuras tributarias, lo que, teóricamente abriría la puerta al traspaso de bases de datos entre las dos Administraciones tributarias. Lo que el Gobierno no acepta es que sea la hacienda catalana la que recaude todos los impuestos y luego realice las liquidaciones a la española. Está en juego el manejo de la liquidez del sistema y tanto la Generalitat como el ejecutivo estatal saben que se juegan mucho en unos momentos en que la financiación externa es muy escasa y cara.
Mantener la renta
Otro de los puntos que los populares están dispuestos a otorgar a CiU es el denominado "principio de ordinalidad" que garantiza "el mantenimiento de la posición catalana respecto a su propia renta per cápita y no altere la posición relativa de Cataluña en el ranking de las comunidades autónomas después de aplicar los mecanismos de nivelación".
Solidaridad finalista
Finalmente, la propuesta del Gobierno también acepta el denominado principio de "solidaridad finalista". Se trata de que el dinero que entregue Cataluña al Estado en concepto de solidaridad con el resto de comunidades autónomas debe ser finalista" y que no perjudique la capacidad de crecer y competir de la economía catalana con el resto de las economías autonómicas.
