El pasado mes de julio el Parlament de Cataluña otorgó un mandato al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que negociara con el Gobierno español una revisión del sistema de financiación. Según la Cámara (donde CiU y ERC suman mayoría absoluta), el "expolio fiscal" que padece Cataluña "alcanzó en 2009 la cifra de 16.400 millones de euros anuales (el 8,4 por ciento del PIB de Cataluña)".
Según la resolución parlamentaria, este hecho es "de una gravedad e injusticia que nos sucede en ningún otro estado con un nivel de desarrollo similar" y añade que "está asfixiando el desarrollo de nuestra economía y las estructuras sobre las que se sustentan lo servicios públicos de Cataluña" y que "si Cataluña dispusiese de estos recursos podría garantizar a sus ciudadanos un estado del bienestar sólido y solvente".
Según CiU, en los últimos 20 años la suma del déficit fiscal ha supuesto dejar de disponer de 210.000 millones de euros, lo que ha lastrado el desarrollo económico de Cataluña. Otro mensaje populista que utiliza la formación nacionalista para denunciar la situación es que cada año, cada ciudadano catalán paga en impuestos 2.200 euros que van a Madrid y que nunca vuelven a Cataluña. "Eso es lo que nos cuesta ser españoles", añaden.
Vídeo propagandístico
Diez expertos catalanes intervienen en un vídeo promovido por la Fundación CatDem, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para denunciar esta situación y exponer los motivos de la reivindicación de una Haciena propia. Un vehículo para vender fuera la propaganda antiexpolio y pro pacto fiscal como vía para que Cataluña sea la "locomotora del sur de Europa.
El discurso ha calado en la población que muy mayoritariamente se considera perjudicada por pagar más impuestos debido a que, de media, tiene rentas más altas que el resto de España. Pero el sistema no tiene en cuenta que el precio del coste de la vida en Cataluña es más elevado que en el resto de España. Debido al sistema de recaudación de impuestos y posterior reparto mediante mecanismos de nivelación (principio de ordinalidad), resulta que autonomías consideradas pobres acaban teniendo un nivel de renta superior al de Cataluña, lo que enerva a los catalanes.
Otro factor decisivo ha sido el alza de la deuda autonómica en la etapa del Tripartito (que ya asciende a 42.000 millones, el 21 por ciento del PIB) y el aumento imparable de los intereses que se debe pagar por ella, lo que ahoga las finanzas de la Generalitat. Esta situación, junto a la exigencia del Gobierno de que Cataluña reduzca el déficit al 1,5 por ciento a la vez que se niega a abonar las partidas correspondientes a las inversiones del Estado comprometidas en el Estatut de los años 2008 y 2009, ha sido la gota que ha colmado el vaso.
La gestión de Mas se ha limitado a realizar recortes y ni eso ha bastado. Su Ejecutivo vive de los adelantos que cada mes le otorga con cuentagotas el Estado para las nóminas y compromisos inmediatos
La situación financiera catalana es tan mala que a Mas no lo ha importado apostar claramente por la independencia o lo que el ha decidido bautizar como "dotar a Cataluña de estructuras de Estado". La primera de estas estructuras sería una Agencia Tributaria catalana que recaude todos los impuestos que pagan los catalanes. Su creación (incluida en la demanda de CiU de pacto fiscal) supondría que la recaudación (la liquidez se quedaría en Cataluña y luego ésta realizaría una liquidación con el Estado español, justo lo contrario que está sucediendo en estos momentos. Sería un sistema similar al del cupo vasco.
Los datos de Hacienda revelan que las más solidarias en el sistema son Madrid, Cataluña y Baleares. El déficit fiscal de las dos primeras supera los 14.000 millones. Se han publicado más de seis sistemas de cálculo de las balanzas fiscales entre CCAA. Algunas reducen mucho el déficit fiscal catalán, pero todas admiten la existencia de una contribución neta todos los años.
"Los Presupuestos restan 1.800 millones de ingresos a Cataluña"
