Andreu Mas-Colell, conseller del departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha manifestado en la sesión de clausura del 22 Fòrum de l'Auditor que "la Generalitat se apoyará en las firmas privadas de auditoría para llevar a cabo la función de revisión de las cuentas públicas".
Según Mas-Colell, "la Administración catalana recurrirá a la colaboración con las empresas de auditoría para complementar la actividad que ya se lleva a cabo desde la propia intervención pública".
El conseller de Economía recalcó la necesidad de que "las firmas de auditoría ganen tamaño para lo cual es muy recomendable un proceso de colaboración o integración con otras empresas del sector".
Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, ha denunciado en el marco de este mismo Fórum que "Europa persiste en equivocarse al querer relajar los requerimientos para la realización de auditorías". Según Cámara, "las supuesta simplificación de las tareas administrativas se convierte en una simpleza al pretender rebajar los niveles de control de las empresas".
Cámara ha enfatizado la contradicción de exigir mayor transparencia a las Administraciones Públicas mientras por el otro lado se propician directivas que rebajan el control de la información de las empresas privadas.
Asimismo, Rafael Cámara señaló que "en la Comisión Europea no se ha contado con las Federación de Expertos Contables (FEE) para la elaboración de la IV y VII directivas que tratan esta posible simplificación".
Por su parte, Daniel Faura, presidente del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, ha asegurado que "las medidas propuestas por la Comisión Europea de rebajar las exigencias de auditoría para las empresas podría comportar la desaparición de hasta 1.000 firmas auditoras en España".
