CiU y PP alcanzaron un acuerdo en el Parlamento catalán para retirar el euro por receta que los catalanes deben abonar en las farmacias desde el pasado 23 de junio.
Los dos grupos han pactado iniciar un proceso de análisis de los efectos que el euro por receta, que aplica la Generalitat, y el incremento del copago farmacéutico, acordado por el Gobierno central, tendrán sobre las finanzas públicas, con el compromiso de "valorar la continuidad" de la tasa catalana a partir del 2013. El acuerdo entre CiU y PPC ha permitido a Artur Mas sacar adelante el tercer plan de ajuste presupuestario de la Generalitat.
Los dos grupos consensuaron y votaron una propuesta que descarta la supresión inmediata del euro por receta, tal y como reclamaba la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. A cambio, CiU se ha comprometido a que la Generalitat evaluará la eficacia de la tasa durante los próximos meses y, en función de los resultados, la suprimirá "como máximo a 31 de diciembre de 2012". En esa fecha, el ejecutivo de Artur Mas ya habrá evaluado si los objetivos de ahorro de la medida ya habrán dado sus frutos a lo largo de los seis meses de aplicación.
El PP considera que a finales de año será posible la eliminación del euro por receta, "una vez que los ingresos y reducción de gastos obtenidos por las medidas" del Gobierno del Estado sobre gasto farmacéutico "compensen el objetivo inicial de esta tasa". Fuentes populares aseguran que el impacto de las medidas del Gobierno (que cifran en 400 millones de euros) compensa con creces el efecto que conlleva el euro por receta (que la propia Generalitat cifró en 100 millones de euros anuales), por lo que consideran que Cataluña puede eliminar la tasa catalana y acabar "con esta doble imposición". En su opinión, "el euro por receta tiene los días contados", aunque fuentes de la federación nacionalista puntualizan que la eliminación de la tasa queda condicionada a la valoración que haga el Govern.
Consenso sobre el pacto fiscal
CiU confirmó ayer que ha mantenido en los últimos 15 días una ronda de contactos con la oposición para ofrecerle fórmulas que permitirían votar por partes la propuesta de pacto fiscal que saldrá del Parlament a finales de julio. La ronda de contactos se inició el 14 de junio con un encuentro con representantes de ERC, prosiguió el día 20 con ICV-EUiA, el 27 fue el turno del PPC y un día después con el PSC. Según fuentes de CiU, en el encuentro con los socialistas se exploraron posibles fórmulas sobre la mecánica de la próxima cumbre de líderes políticos catalanes, el 12 de julio, así como del pleno parlamentario, presumiblemente el próximo día 25, en que se votará la propuesta definitiva de pacto fiscal. CiU está abierta a plantear algún tipo de mecanismo que permita votar por partes los planteamientos en torno al pacto fiscal, lo que podría facilitar al PSC sumarse al consenso en buena parte de las formulaciones y descolgarse en algún punto.
Uno de los escollos que impiden por ahora el acuerdo es el diseño de la Agencia Tributaria de Cataluña: CiU ha marcado como línea roja lograr una hacienda propia, pero el PSC pide un consorcio con el Estado presidido por la parte catalana, si bien podría pactarse una agencia catalana con presencia de representantes estatales.
Los socialistas aseguran que el Govern les ha ofrecido "diversas fórmulas" para sumarles al acuerdo que ya existe entre CiU, ICV-EUiA y ERC sobre el pacto fiscal, pero critican que estas propuestas no se soporten en ningún documento. El PSC exige que CiU abandone "su pacto de hierro" con ERC y se avenga a aceptar su propuesta de una agencia tributaria consorciada, un extremo que "en ningún caso" aceptarán los republicanos.
ERC teme que se diluya la propuesta de pacto fiscal e insisten en que no se moverán ni un ápice de su posición inicial: "Apoyar sólo una propuesta que diga claramente que Cataluña recaudará todos sus impuestos".
