El organismo aprecia que la tasa que gravará a partir de noviembre las pernoctaciones turísticas no vulnera ni la Constitución ni el Estatut si se cumple totalmente con las excepciones que prevé la normativa, así como la de un euro por receta.
El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha avalado el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de 2012 que había presentado el Gobierno catalán, tras el recurso que presentaron ICV-EUiA, SI y C's.
El organismo aprecia que la tasa que gravará a partir de noviembre las pernoctaciones turísticas no vulnera ni la Constitución ni el Estatut si se cumple totalmente con las excepciones que prevé la normativa.
También dice que la reducción de la jornada y sueldo de los interinos de la Generalitat no es anticonstitucional ni antiestatutaria si esta medida sólo está en vigor dos años, como prevé el proyecto de ley.
Tras el dictamen, este proyecto de ley de Medidas Fiscales y Financieras se aprobará previsiblemente en el próximo pleno, el del 14 y 15 de marzo, con el voto de CiU y la abstención del PP.
EURO POR RECETA
El recurso también avala otra novedad que planteaba la ley de acompañamiento: el pago a partir de mayo de un euro por cada receta farmacéutica dispensada en la sanidad pública, una medida que, según los recurrentes, vulneraba la Constitución, que establece el derecho a la protección de la salud y su universalidad.
También quedan refrendadas las dos nuevas tasas judiciales, que se suman a la que ha planteado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que gravará la segunda instancia.
En cuanto a los trabajadores públicos, el recurso indica que los cambios que ha introducido el Gobierno catalán --que no han sido negociados con los sindicatos del sector-- son legales, aunque "en ningún caso se pueden extender" más allá de dos años.
Según el recurso, el Gobierno catalán tiene la facultad de proceder a la "suspensión unilateral" de los acuerdos fruto de la negociación colectiva "en supuestos de causa grave del interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas" aunque condicionándolo siempre al interés público.
También se valida la nueva regulación sobre las excedencias, introduciéndose una duración máxima de tres años, aunque el Consejo de Garantías aprecia que sería necesaria una normativa "más precisa".
Avala los cambios que afectan también al personal estatutario del Institut Català de la Salut (ICS), así como la jubilación forzosa a los 65 años.
RENTA MINIMA DE INSERCION
Sobre los cambios en la Renta Mínima de Inserción (RMI), el Consejo considera legal que "cuando la disponibilidad presupuestaria no sea suficiente, algunas personas en condiciones de pobreza y marginación pueden no recibir la prestación solicitada, pese a cumplir las condiciones y los requisitos fijados para establecerla".
Sí indica que, en cualquier caso, nadie puede ser discriminado y que quien cumpla con las condiciones para cobrar la RMI debe poder recibirla.
