Realmente hay semanas que empiezan mal y no sabes el motivo. Pero aunque tengamos unos días de lluvia, uno siempre sabe que al final siempr sale el sol. Ésta podría ser la historia de los datos estadísticos de la morosidad en nuestro país. Dicen los entendidos en psicología que el 16 de enero es el día más depresivo del año.
La verdad es que lo desconocía, pero cuando desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad dimos ese día los datos sobre los plazos de pago del 2011, y comunicamos que habían aumentado en cinco días tanto en el sector privado como en el público, era para deprimirse y dar la razón a los expertos.
España ya paga a una media de 162 días en el ámbito público y sólo es superada por Grecia. Que la falta de liquidez de las Administraciones Públicas está castigando a los proveedores no es un tema nuevo, pero que siga aumentado es realmente alarmante, más cuando la ley las obliga a pagar a 40 días en el 2012.
El dato es igual de preocupante en el sector privado, donde hemos sufrido un efecto rebote y hemos pasado de bajar los plazos medios de pago, a volverlos a aumentar de 93 a 98 días de media, cuando este año ya deberán ser 75 días como máximo. Entre otras muchas causas, este aumento en el sector privado viene provocado por el retraso en el pago de las Administraciones.
En ese mismo encuentro con la prensa, anunciábamos que el Partido Popular se había comprometido con la Plataforma y con la sociedad a aplicar la ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, y a desarrollar la disposición adicional cuarta de dicha ley, que instaba a crear una línea de 30.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar a pymes y autónomos.
Un mes y medio después de ese 16 de enero pésimo, hemos asistido al milagro de los panes y los peces. El Gobierno ha anunciado la instauración de un mecanismo de pago a proveedores, recogido en el Real Decreto 4/2012, publicado hace dos sábados. Estamos en la antesala para que las Administraciones locales paguen la deuda histórica a los proveedores. Nos felicitamos, pues, por este rayo de sol, y por la celeridad en la toma de decisiones del Gobierno. Por lo publicado y comentado, puede ser una fórmula efectiva, pues esta vez será el Estado quien dará el aval en los mecanismos de financiación. Si esto se hubiera realizado hace dos años, muchas pymes y autónomos estarían todavía hoy activas, pagando sus impuestos, y sin ninguna duda tendríamos menos paro.
Ahora bien, el Real Decreto publicado no concreta quien costeará los gastos de gestión del pago a proveedores a través de las entidades financieras. Y aunque de la norma se desprende que los ayuntamientos deben pagar la deuda contraída, los intereses, las costas judiciales y todos los otros gastos accesorios resultantes de la demora, aún nos da miedo que no sea así. Sobretodo por el hecho de que se priorice el pago en función de si los proveedores hacen descuentos a las entidades morosas. Un aspecto que no nos parece, en absoluto, justo.
Tan importante es pagar como los criterios de pago. Sería más justo que el criterio de pago fuese abonar las facturas más antiguas; es lógico pagar prioritariamente a pymes y autónomos; es necesario hacer que los proveedores paguen a la vez sus deudas, y por ello solicitamos un régimen sancionador.
Pero no se puede instar a los proveedores a entrar en una subasta de descuentos e incentivarlos con cobrar antes, ya que no todos los sectores de actividad tienen el mismo margen.
No es lo mismo una empresa industrial que ha debido pagar una gran parte de la materia prima, a una de servicios en que la gran parte de costes son directos.
Nos podemos encontrar con empresas tan desesperadas que su quita sea temeraria, ya que pueden priorizar respirar antes que comer, y terminar cobrando un importe inferior a los costes del servicio o producto que han servido.
Queda pues, mucho por escribir y mucho por definir todavía. En general, es necesario las Administraciones paguen lo que se debe, sin que los proveedores deban promover descuentos ni asumir intereses de gestión u otras cargas, y que a partir de ahora se pague conforme a lo que marca la ley, como nos va exigir a partir de abril del próximo año la directiva europea 2011/7/UE.
